El PRD exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) una investigación puntual de los recursos que gastó el Gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, pues existen indicios de financiamiento ilegal y rebase de topes de gastos de campaña.
«Que se resuelva el presunto financiamiento ilícito, cuyo efectivo vimos circular por las calles de San Luis Potosí en la campaña de Ricardo Gallardo Cardona, y que la Unidad de Inteligencia Financiera presente ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, de la Fiscalía General de la República, el expediente correspondiente para que sea sancionado», dijo la diputada del sol azteca, Guadalupe Almaguer.
«Vivo en San Luis Potosí, transité por las calles en esta elección del 6 de junio y fui testigo de una elección desaseada en mi entidad, donde se perdió el principio de certeza».
El Consejo General del INE desechó dos procedimientos contra Gallardo, uno por colocación de espectaculares y otro por entrega de mochilas elaboradas con material prohibido, al considerar que no había elementos para sanciones.
Ahí, la perredista afirmó que el órgano electoral debería analizar con lupa el caso del Gobernador electo en los procedimientos de fiscalización que realiza la autoridad a todos los candidatos.
Aseguró que no sólo hay sospechas de un financiamiento ilícito, sino que en esa elección se registraron actos arbitrarios graves y preocupantes, como la detención de representantes generales por parte de Policía local, se perdieron miles de boletas, hubo anomalías en la cadena de custodia de los paquetes, e incluso, dijo, se fue el sistema.
En respuesta, el consejero Ciro Murayama le recriminó que usara «tres tristes espectaculares» para acusar a la autoridad electoral de irregularidades.
«Yo pido que no saquemos conclusiones acerca de si el INE o no viendo problemas en la elección de San Luis Potosí cuando no es el debate», señaló.
«Recuerdo que es una elección local, además, y tiene su partido todas las vías para acudir a inconformarse de cómputos, de integración de casillas, en fin. Porque todos los actores tienen garantías de que los eslabones de confianza se cumplan. Y si no es así, pueden impugnar».
El representante del PVEM, Fernando Garibay, le exigió al PRD que si tenía pruebas las presente ante las autoridades competentes.
«A ver, mi partido tuvo más de 380 mil votos. En San Luis Potosí su partido tuvo 27 mil, sí hay una diferencia y no puede estar equivocada la gente», apuntó.
