Un tribunal federal ratificó el proceso iniciado al ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury por los presuntos sobornos que Emilio Lozoya le habría entregado para aprobar la reforma energética, dinero que procedería de Odebrecht.
El Primer Tribunal Unitario Penal en esta ciudad, a cargo del Magistrado Luis Alfonso Montalvo Martínez, confirmó la vinculación a proceso dictada al campechano por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
Consideró que la vinculación dictada el pasado 13 de abril por Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, cumple con todos lo requisitos legales, al haber indicios de los delitos imputados.
«El monto de las cantidades manejadas, el esquema y modalidad de entregas, así como falta de justificación legal para recibir tal dinero, sí son indicios que presuponen que el imputado haya tenido tal conocimiento de la ilicitud de los recurso», señaló el Magistrado.
Montalvo desestimó todos los argumentos o agravios de la defensa, en particular el cuestionamiento a la validez que el juez de control le dio al video en que Rafael Caraveo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado y ex subordinado de Lavalle, aparece en una entrega de dinero.
La defensa del ex legislador alegó que el video era ilegal porque no estaba acreditada la cadena de custodia y aparentemente fue filmado en una fecha más reciente y no de la época en que se aprobó la reforma.
Sin embargo, el Magistrado consideró que el dictamen de informática de la FGR es suficiente para concluir que la fecha de registro del archivo -2019 y no 2014, cuando fueron las entregas de dinero-, únicamente alude al momento en que fue guardado el video con posterioridad a su filmación.
«Dado que conforme a la referencia del propio denunciante (Emilio Lozoya), el video es copia de una parte del original, las fechas de creación y modificación sólo son indicativas de cuándo fue guardado (2019), pero no de alguna cuestión de falta de autenticidad», señala.
El juzgador también rechazó descartó darle validez a los testimonios de Rodrigo Arteaga Santoyo y Francisco Olascoaga Rodríguez, secretario particular y jefe del Departamento Administrativo de Pemex, quienes desmienten las acusaciones de Lozoya contra Lavalle.
«Al margen del tema de la parcialidad de tales entrevistados que la defensa también aborda en agravios, se advierte que tales datos de prueba no se relacionan con otros para concederles valor probatorio», dijo Montalvo.
Lozoya presentó el 11 de agosto pasado una denuncia contra 16 políticos, ex altos funcionarios y ex legisladores, incluidos los ex Presidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas.
El denunciante afirma que los sobornos que recibió de Odebrecht los empleó para sobornar a legisladores del PRI y del PAN para que aprobaran las reformas estructurales, principalmente la energética.
Lavalle es uno de los señalados y su subordinado Rafael Caraveo declaró que fueron por lo menos 25 millones de pesos, dinero que asegura haber recibido en 15 maletas a nombre del ex senador.
Cuando acudió ante la FGR, Caraveo refirió dos entregas importantes, una de 13 y otra de 12 millones de pesos, recursos que -según su dicho- financiaron campañas electorales del PAN.
