La obligación legal para transparentar por completo los fideicomisos públicos cumplió ya un año y la Secretaría de Hacienda no registra avances.
El 19 de noviembre de 2019 se publicó la Ley Federal de Austeridad Republicana en la cual se estipuló que todos los fideicomisos, fondos o contratos análogos que reciban recursos públicos deberían publicar sus estados financieros en los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda.
Tras un periodo de transición, la obligatoriedad arrancó el 19 de mayo de 2020, pero el rezago es evidente, advirtió Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
“Actualmente sólo hay pedazos de información de flujos (que publica la SHCP), de cuánto entra y sale, pero se debería de poder ver el stock. Un fideicomiso tiene patrimonio propio, tiene activos, entonces también puede tener pasivos. Si decidiera enajenar los fideicomisos el Gobierno federal estaría adquiriendo deuda”, dijo.
Solo en el primer trimestre de 2021 se transfirieron 27 mil millones de pesos a fideicomisos, más del doble de los 14 mil millones aprobados para esa fecha, según datos de Transparencia Presupuestaria.
Campos subrayó que cuando las Secretarías toman recursos del Presupuesto de Egresos y los depositan en fideicomisos, se cuenta como gasto ejecutado, pero no se sabe cómo se gastó y en qué.
De igual forma, estas operaciones podrían estar ocultando subejercicios del gasto.
