El Gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, eludió acusaciones de defraudación fiscal por 7 millones de pesos en el sexenio anterior, amparado en el fuero como diputado federal.
En los últimos meses del sexenio de Enrique Peña, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) solicitó una orden de aprehensión contra Gallardo Cardona, por una presunta defraudación fiscal.
Al ahora abanderado del PVEM le imputaron un fraude fiscal de 7 millones 32 mil 76 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el año fiscal 2012.
Esta cantidad, según la PGR, derivó de que en aquel año obtuvo ingresos acumulables por 25 millones 204 mil 103 pesos y sólo declaró 1 millón 742 mil 259 pesos.
Un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de San Luis Potosí citó a una audiencia de imputación el 8 de marzo de 2018 a la que Gallardo Cardona no se presentó alegando estar enfermo de influenza, por lo que fue reprogramada.
El señalado informó a las autoridades que había realizado dos declaraciones fiscales complementarias para justificar que los ingresos cuestionados eran en su mayoría préstamos de sus propias empresas.
Incluso se acercó a la PGR para ofrecer un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda y se dijo dispuesto a pagar en forma adicional el presunto daño causado a la hacienda pública, a cambio de que fuera retirada la imputación penal. Su oferta en principio fue rechazada.
Sin embargo, una nueva audiencia de imputación programada para abril de 2018 fue suspendida porque la PGR informó al juez que ahora sí estaba dispuesta a sentarse con Gallardo para negociar un acuerdo reparatorio. Esta negociación no rindió frutos, pero durante el tiempo en que se llevó a cabo Gallardo Cardona logró la postulación como diputado federal con el PRD y consiguió el fuero.
La nueva administración ya no buscó su desafuero y en septiembre de 2019 la SEIDO archivó la indagatoria, al haber prescrito el plazo para perseguir el delito.
En 2020, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) inició dos nuevas carpetas de investigación contra Gallardo Cardona por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, derivado de denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Hace unos días, la Fiscalía Anticorrupción se declaró incompetente para continuar con una de las indagatorias y la turnó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, antes conocida como SEIDO.
