Desde que la Línea 12 del Metro comenzó a registrar fallas y tras su primer cierre, en 2014, expertos en ciencia política detectaron un conflicto con tintes políticos que buscaba deslindarse de responsabilidades, en vez de atender a los usuarios y el problema en sí.
En dos artículos por separado, especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), hicieron un análisis sociológico de las implicaciones de este cierre, por fallas intrínsecas o externas.
A esta suspensión del servicio se sumó la de 2017 y la más reciente, la de 2021.
«La crisis de la Línea 12 no tuvo las condiciones adecuadas para dar cauce a una discusión fundamentada en normas profesionales.
«Pues el alto grado de politización generó que los actores se entramparan en una batalla cuyo fin primordial era inculpar al oponente y salir indemne ante la opinión pública», asegura una de las investigaciones en una publicación del CIDE.
El artículo ‘La línea 12 del Metro: Crisis, aprendizaje y cambio institucional’ afirma que la crisis vivida en 2014, tras el primer cierre, lejos de ser una oportunidad para el aprendizaje y el crecimiento, fue usada como una plataforma para el posicionamiento político.
«Sobre todo considerando las ambiciones presidenciales de los dos jefes de Gobierno: el saliente (Marcelo Ebrard) y el entrante (Miguel Ángel Mancera).
«La crisis de la L-12 es un síntoma de otros problemas más agudos que probablemente tengan que ver con la impunidad, la corrupción, el uso del aparato gubernamental para ajustar cuentas políticas entre grupos de poder y un largo etcétera. Visto así, el caso de la L12 se parece mucho más al ‘fiasco de política'», explica el texto.
El análisis define este concepto como un evento causado por fallas evitables y reprochables de quienes toman las decisiones de política pública.
En tanto, ‘¿Un evento complejo? La historia de la puesta en marcha de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México’ coincide en que esta opción de transporte ha estado caracterizada por tintes políticos con evasiones de responsabilidades.
«En el juego de evasión de culpas está claro que no sólo las autoridades capitalinas, sino también las empresas constructoras, certificadoras o supervisoras, hacen lo posible por evadir sus responsabilidades y salir ilesas de las repercusiones que su posible culpa en las fallas de la línea podría ocasionarles», asegura.
Enfatiza que, al final del día, los más afectados son los usuarios, con un deterioro en su calidad de vida.
