El gigante farmacéutico alemán Bayer pidió a la justicia federal declarar inconstitucional el proceso de compra consolidada de medicamentos a través de la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas (UNOPS).
En el amparo que Bayer promovió el 17 de junio, cuestiona el fallo que la UNOPS emitió el 26 de mayo para suministrar implantes del anticonceptivo Levonorgestrel, contrato por el cual compitió con la empresa DKT de México y Mssat Albidah Alkqrii, firma sudafricana de la que hay pocas referencias previas, pero que presentó a la UNOPS ofertas para casi 400 claves.
Bayer cuestionó la reforma a la Ley de Adquisiciones -que permitió el nuevo modelo de compra vía la UNOPS- y cuestiona el convenio de 31 de julio de 2020 entre el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la agencia de la ONU, por el cual el Gobierno dejó en sus manos las compras consolidadas de medicamentos y material de curación para el periodo 2021-2024.
Bayer alega violaciones a 9 artículos de la Constitución, incluidos los que ordenan al Estado fomentar la inversión y la competitividad, y prohíben ventajas o exclusividades que afecten a los consumidores.
El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa admitió este lunes a trámite la demanda de Bayer, pero rechazó conceder una suspensión para que el Insabi se abstenga de formalizar y ejecutar el contrato con la empresa ganadora.
La reforma a la Ley de Adquisiciones, publicada en agosto de 2020, ya fue impugnada por otras empresas y asociaciones.
El pasado 26 de marzo, la jueza federal Yadira Mena concedió un amparo en el que determinó que las compras vía la UNOPS deben ser excepcionales, sólo cuando no existan proveedores nacionales, pero su sentencia está a revisión.
Hasta ayer, la UNOPS había publicado un total de 70 fallos por 5 mil 714 millones de pesos para 155 claves de la compra consolidada de medicamentos a más de seis meses de que convocó a tres concursos para mil 286 claves.
De los 70 fallos, 67 fueron en favor de empresas con sede en México, proveedoras habituales del Gobierno.