Por Leo Zuckermann
Yo tampoco voy a participar en la consulta del primero de agosto
He asistido a votar en todas las elecciones desde que saqué mi credencial para votar a los 18 años. Me tomo muy en serio este derecho ciudadano. Sin embargo, por primera vez en mi vida adulta, no votaré en la próxima consulta popular del primero de agosto.
Primero, porque no entiendo la pregunta. Supuestamente se nos consultaría si queríamos o no que el gobierno persiguiera judicialmente a los presidentes de gobiernos pasados: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Pero la Suprema Corte de Justicia, a fin de preservar el derecho a un debido proceso de los posibles inculpados, modificó la pregunta. Quedó de la siguiente manera:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
La redacción de la pregunta es fatal, al punto que no se entiende.
Yo estoy a favor de enjuiciar y meter a la cárcel a todos los funcionarios corruptos de gobiernos pasados, incluso expresidentes. Basta ya de la impunidad que tanto daño le ha hecho a este país. Si me preguntaran eso, con gusto iría a las urnas a cruzar la boleta con un “Sí”.
No es el caso.
Tampoco me queda claro que pasaría si gana el “sí” en la consulta.
Para ser vinculante, es decir, que tenga consecuencias jurídicas, una consulta popular debe ganar por mayoría de votos, siempre y cuando la participación sea de por lo menos el 40% de la lista nominal de electores.
Vamos a decir que se cumpla con esta condición y gane el “sí”. ¿Y luego qué va a pasar? ¿Vamos a ver juicios a algunos expresidentes?
Pues no queda claro. O, mejor dicho, ya sería hora que alguien explique con claridad cuáles serían las consecuencias vinculantes de la consulta.
Corremos el riesgo, muy real, de que todo esto sea puro ruido y nada de nueces. Parte de la campaña permanente del presidente López Obrador de culpar de todas nuestras penurias actuales al pasado. Un distractor más para no hablar de la persistencia de la inseguridad en el país, la crisis sanitaria de covid-19 que continúa, la lenta recuperación económica, el terrible accidente de la Línea 12 del Metro y, en general, la falta de buenos resultados de este gobierno.
Recapitulando, ni entiendo la pregunta ni la utilidad de la consulta. Ergo, ¿para qué votar? En este sentido, me sumo a la postura que ya había expresado el director editorial de Excélsior, Pascal Beltrán del Río, en estas páginas.
Pero no por ello dejemos a un lado lo importante de esta discusión. El gobierno, en lugar de andar distrayendo la atención con fuegos de artificio, debería combatir la impunidad y castigar a los funcionarios corruptos, del pasado y presente.
Yo quiero ver procesos judiciales de verdad. Uno donde la fiscalía presente pruebas sólidas para indiciar a los involucrados. Que un juez las admita para comenzar un proceso donde se respete el derecho al debido proceso de los inculpados. Un juicio oral donde escuchemos a fiscales y defensores. Que, al final, un juez le dé la razón a la parte acusadora al haber presentado mejores argumentos y pruebas y, en este sentido, sentencie a los inculpados a la cárcel. Quiero ver la imagen de peces gordos de gobiernos pasados, incluyendo expresidentes, entrando a un penal acusados por corrupción.
Eso sí sería una transformación real de la vida pública del país. Y para eso no se necesita ninguna consulta popular.
Por cierto, López Obrador ha dicho que él votará en contra en la consulta. Considera que no vale la pena enjuiciar a los expresidentes porque prefiere ver al futuro que detenerse en el pasado. Yo pienso lo contrario: mientras haya impunidad en México, seguirá la corrupción.
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Lo que quiere AMLO es rostizar a fuego lento a los expresidentes en sus mañaneras para distraer la atención. De eso se trata este embuste.
Para aplicar la ley no se necesita consulta alguna. Mucho menos cuando ni siquiera es claro qué se está preguntando y cuáles serán las consecuencias.
Ahorrémonos el tiempo y dinero de esta absurda ocurrencia y que el Estado se concentre en perseguir judicialmente a los presuntos culpables. Podrían comenzar, por ejemplo, con revivir el caso de Emilio Lozoya, del que ya no se habla nada desde que salieron dos videos del hermano del presidente, Pío López Obrador, recibiendo dinero en efectivo para presuntamente utilizarlo en la campaña de Andrés Manuel López Obrador.
