Por José Buendía Hegewisch
AMLO al rescate de Ebrard y Sheinbaum
La decisión de atraer la responsabilidad de la investigación y rehabilitar la Línea 12 es un movimiento de poder presidencial para proteger a sus alfiles hacia la sucesión. La nueva estrategia, o podría llamarse el golpe de mano a Claudia Sheinbaum en el proceso, trata de preservarla junto a Marcelo Ebrard del golpeteo político por el colapso en el Metro. El Presidente invierte capital político para evitar descartes tempranos hacia 2024, aunque está por verse el costo que esto le suponga.
López Obrador decidió asumirse personalmente como la única voz frente a la tragedia para alejar la atención sobre Ebrard y Sheinbaum por los resultados del peritaje sobre las causas del siniestro, del que aún faltan otras dos entregas en julio y agosto para tener el panorama completo de la responsabilidad de sus respectivos gobiernos en la CDMX y de la de Mancera. Sin embargo, ha ido más lejos y se compromete a reabrirla en un año para borrar la mancha que ensuciará más adelante al que resulte su delfín. La línea 12 permanecerá como rehén de los juegos de poder, que poco tienen que ver con colocar a las víctimas en el centro de la atención pública y de la exigencia de dar con los responsables como seguirán reclamando las víctimas.
Las motivaciones políticas han marcado desde el origen la última línea de Metro que se tendió para mejorar la movilidad en el oriente de la CDMX, castigado por la pobreza y la desigualdad. Ahora de nuevo el Presidente entra a apagar la pira de los sacrificios a la que conduce el peritaje técnico encargado a una empresa externa noruega. Su primer informe apunta fallos estructurales en la administración de Ebrard y de la obra civil a cargo de la empresa Carso, de Carlos Slim. El nuevo plan llega cuando las navajas de la guillotina parecían afilarse con la filtración de ese diagnóstico al NYT, que se interpretó como inicio de una batalla entre los aspirantes. Verse obligado al descarte por una lucha anticipada significaría abrir el coto personalísimo de la sucesión en un momento, además, en que López Obrador necesita recuperar la capital del retroceso electoral para ganar en 2024. Pocas dudas dejan las razones para rescatarlos y meterse de lleno a la reconquista de la CDMX con la movilización de programas de Bienestar y la reapertura para reparar el daño social.
Las prioridades del poder presidencial se imponen sobre el compromiso de llegar a la verdad de la tragedia y ahora el temor es que los avances se diluyan en opacidad, aunque Sheinbaum se dice confiada de que no será así. El cambio de estrategia se anunció tras reuniones privadas en Palacio Nacional con Slim y Sheinbaum, que conserva acceso a la investigación, pero silenciada para dar cuenta de ella. Ahora la información se centraliza en el micrófono presidencial y desde ahí comienza a dibujarse una trama para sofocar el escándalo con anuncios como la disposición de Slim a financiar la reparación. No es la primera vez que en la línea 12 los intereses políticos impiden que los culpables rindan cuentas.
Cabe recordar que el exdirectivo del proyecto, Enrique Horcasitas, fue sujeto de inhabilitación por determinarse que había recibido la obra sin estar concluida. La lista de sanciones administrativas y hasta penales que emitió el GDF en 2014 alcanzó a 33 funcionarios por suscribir contratos indebidamente, fallas en procedimiento de licitación y documentación apócrifa de empresa concursantes. Esos procesos se perdieron en la bruma de los tribunales y sólo queda una decena de expedientes con sanciones, a pesar de que en la mayoría de los casos se elevaban hasta 20 años fuera del servicio público. Poco se sabe qué pasó con ellas por la reserva de expedientes, pero alguno de ellos, como Juan Carlos Mercado Sánchez, apareció luego como funcionario de Relaciones Exteriores con Ebrard.
Para mantener el encarte de la sucesión y evitar costes electorales hacia el 2024, el Presidente recurre, como en otras crisis, a subir la apuesta con demostraciones de fuerza. Pero esta vez las víctimas también elevan su reclamo hasta tribunales de EU contra empresas responsables de las fallas que operan en ese país. Veremos el pulso, pero sobre todo si pierde una oportunidad de demostrar su máxima de ir contra la corrupción caiga quien caiga.
