La Sección Instructora de la Cámara de Diputados declaró procedentes los desafueros de los legisladores Benjamín Saúl Huerta, acusado de violación equiparada y abuso sexual contra menores de edad, y Mauricio Toledo, imputado por enriquecimiento ilícito.
A solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), el órgano jurisdiccional en el Palacio de San Lázaro determinó que ha lugar a proceder penalmente en ambos casos.
La Cámara de Diputados deberá, en su caso, solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un periodo extraordinario de sesiones para erigirse en Jurado de Procedencia y desahogar los desafueros de los legisladores.
Aprobado por unanimidad, con cuatro votos a favor, el dictamen sobre el desafuero de Huerta establece que “ha lugar a proceder penalmente en su contra, en función de haberse encontrado elementos que permiten acreditar la probable responsabilidad del servidor público en diversos ilícitos que atentan contra la libertad y seguridad sexuales”.
La FGJ-CdMx presentó el 27 de abril ante la Cámara de Diputados la solicitud de procedencia contra Huerta por los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual contra menores de edad, después de ser acusado por un adolescente de 15 años de edad en un hotel de la colonia Juárez en la capital del país.
Por lo que hace a Toledo, la resolución señala que “ha lugar a proceder penalmente en su contra, en función de haberse encontrado elementos que permiten acreditar la probable responsabilidad del servidor público en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito”.
La Sección Instructora sostuvo que las probanzas aportadas por las partes, las obtenidas mediante solicitudes a diversas autoridades, así como las declaraciones patrimoniales del investigado dieron por acreditados los elementos que señala la legislación penal de la Ciudad de México.
En el caso de Mauricio Toledo, los diputados Pablo Gómez y Martha Patricia Ramírez, de Morena, votaron a favor de retirar el fuero, mientras Mary Carmen Bernal, del PT, lo hizo en contra y Claudia Pastor, del PRI, se abstuvo, ésta última argumentando múltiples violaciones al debido proceso e incluso “conflicto de interés” del presidente de la Sección Instructora.
Admitió, sin embargo, que la acusación de la FGJ-CdMx contra el legislador petista “arroja fuertes indicios para considerar que el denunciado tiene un patrimonio superior al que podría tener por la suma de las percepciones recibidas por los cargos públicos que desempeñó de 2009 a 2018”.
“Sea lo que sea que decida la mayoría de la Sección Instructora me sumaré, en aras de evitar que por una fortuita coincidencia en el sentido con alguna o alguno de quienes integramos la Sección Instructora el asunto se empate y con esto se impida continuar con los trabajos, al ser de interés público conocer los resultados del proceso”, puntualizó la diputada priista.
