Una red de siete presuntos prestanombres habría permitido al diputado Mauricio Toledo, del PT, realizar operaciones de compra-venta en al menos 12 propiedades, de acuerdo con indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En las operaciones inmobiliarias relacionadas con el legislador petista, de quien la Cámara de Diputados busca su desafuero para procesarlo por presunto enriquecimiento ilícito, se identificó a Jesús Sánchez Pita, de 36 años de edad, ex asesor parlamentario, como uno de sus posibles prestanombres.
Sánchez Pita fue coordinador del módulo de gestión ciudadana de Toledo en 2016, cuando Toledo era diputado local por el PRD en la Ciudad de México.
El 26 de julio de 2017, el asesor parlamentario compró una casa en condominio en Avenida de las Fuentes 220, en Jardines del Pedregal, con 806 metros cuadrados de terreno y 679 metros cuadrados de construcción.
La propiedad se compró en 17 millones de pesos, cuando los ingresos acumulados de Sánchez Pita fueron de 5.2 millones de pesos, entre 2013 a 2018.
Otro posible prestanombres de Toledo Gutiérrez es Francisco Mendoza Esparza, de 60 años de edad y quien fue director general Jurídico y Gobierno en Coyoacán, donde Toledo fue delegado.
Junto con Silvia Verónica Inzunza, persona física dedicada a servicios inmobiliarios, Mendoza Esparza compró y vendió diversas propiedades, como una casa en la calle de Javier Barros Sierra número 76, en la Colonia Adolfo López Mateos, en la Delegación Venustiano Carranza.
Por una construcción de 90 metros cuadrados se pagaron 1.8 millones, el 31 de mayo de 2018.
Igualmente, el ex colaborador de Toledo compró un terreno en la calle de José María Bárcenas, Colonia Obrera, por 1.7 millones de pesos, en el año de 2016, y en junio de 2018 lo vendió en 2.2 millones de pesos.
Mendoza Esparza compró en julio de 2018 una casa en Calzada de la Virgen 247, Colonia Avante, Coyoacán, de 224 metros cuadrados, por 4 millones de pesos. También habría recibido en donación una casa ubicada en Hacienda de Vista Hermosa 51-B, en Culhuacán, Coyoacán.
La Unidad de Inteligencia Financiera reportó que las declaraciones fiscales de Mendoza Esparza sumaron 4.8 millones de pesos de 2013 a 2018.
Dentro de las transacciones irregulares vinculadas a Toledo, la UIF ubicó también la compra-venta de dos departamentos por parte del legislador petista.
Los inmuebles primero fueron adquiridos al mismo tiempo por otros dos posibles prestanombres, en abril de 2017, Simon Sarkis Nehme y Genoveva Isrewe Jacobo.
Se trata de un departamento ubicado en Avenida Popocatépetl 435, interior B 404, Colonia Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, con 144 metros cuadrados de construcción, se compró en 3 millones de pesos. El otro está ubicado en Avenida Cuauhtémoc 1146, Colonia Letrán Valle, de 85.8 metros cuadrados, y fue adquirido en 2.5 millones de pesos.
Toledo compró el departamento de Avenida Popocatépetl por 3.6 millones de pesos, el 29 de abril de 2019, y el ubicado en Avenida Cuauhtémoc, lo adquirió por 2.6 millones de pesos, el mismo día.
La UIF identificó que Nehme Kuri e Isrewe Jacobo no tienen declaraciones fiscales, salvo información del 2015, año en que para ambos casos se reportaron declaraciones informativas múltiples por el concepto de sueldos con cuatro trabajadores, por un total de 95 mil 582 pesos.
La Unidad de Inteligencia Financiera también investiga a los padres del diputado del PT como sus posibles prestanombres, Nelson Asdrúbal Toledo y Clementina Rosa Gutiérrez. Sobre el padre no se localizaron declaraciones anuales de impuestos.
A través de declaraciones informativas presentadas por terceros, se identificaron al padre de Toledo ingresos del IMSS de 2012 a 2014, del ISSSTE de 2018 a 2019, y del PRD en 2019 por conceptos de sueldos y salarios y jubilación, por 747 mil 512 pesos.
En las indagatorias de la UIF, la madre de Toledo habría comprado una casa en la calle Amatán 14, en Residencial Cafetales, por 3.5 millones de pesos, en 2016, pese a que en ese año obtuvo ingresos por 1.1 millones.
Acusa persecución de ‘radicales’
Mauricio Toledo, diputado del PT, atribuyó las acusaciones en su contra a una persecución emprendida por la Fiscalía de la Ciudad de México y un grupo «radical» de la bancada mayoritaria en la Cámara baja.
A través de una carta, el legislador negó haber cometido el delito de enriquecimiento ilícito que se le imputa, a partir del cual fue solicitado su desafuero.
«Desde el pasado 4 de septiembre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y un grupo radical del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados han emprendido una persecución política hacia mi persona plagada de violaciones a los más elementales principios de nuestro sistema de justicia, como son el debido proceso y la presunción de inocencia», afirmó.
REFORMA publicó ayer que, de acuerdo con la información entregada por la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la Sección Instructora de San Lázaro, entre 2012 y 2018, el diputado federal tuvo ingresos por 20.8 millones de pesos como servidor publico y consultor privado, pero no pudo comprobar el origen de 11.4 millones de pesos.
Al respecto, Toledo aseguró que ha reportado sus ingresos en las declaraciones patrimoniales y de impuestos que por ley está obligado a presentar.
«Es importante señalar que la presunta indagatoria se basa en los ingresos que he percibido como funcionario público, como tantos otros funcionarios de todos los partidos políticos. Como todos ellos, lo he reportado en mis declaraciones patrimoniales y de impuestos que por ley estamos obligados a presentar y he cumplido», reiteró.
El petista señaló que por respeto al debido proceso ha guardado silencio ante las imputaciones en su contra y no ha señalado los vicios e ilegalidades que se han cometido para aparentar la aplicación de la justicia.
Toledo acusó incluso falsificaciones y adelantó que en su momento comprobará, con documentos oficiales, que acreditó el ingreso lícito de todas y cada una de sus percepciones y propiedades.
