Un juzgado federal ordenó hoy mantener, por tiempo indefinido, los derechos y beneficios del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a más de 100 universidades privadas, al conceder una suspensión definitiva contra la reforma que los excluyó de seguir recibiendo recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
El Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión en el amparo promovido por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y un grupo de académicos de las universidades Anáhuac y Panamericana.
Los quejosos impugnaron la reforma al Reglamento del SNI, publicada el 20 de abril, por la cual más de mil 600 investigadores y científicos de universidades privadas ya no podrían acceder a esos fondos.
La suspensión definitiva estará vigente durante todo el tiempo que tome tramitar el juicio para aclarar si la reforma violó derechos humanos, lo que tomaría un año o más, si el caso eventualmente es atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El juzgado había concedido el pasado 11 de junio una suspensión provisional, en la que advirtió la probable inconstitucionalidad de esta reforma, por hacer una distinción injustificada entre universidades públicas y privadas.
«De los preceptos invocados no se advierten elementos objetivos, válidos y provisionalmente sostenibles que justifiquen el trato diferenciado entre las personas científicas, investigadoras y demás personas solicitantes de ese gremio, pertenecientes a las universidades públicas frente a privadas, sean los únicos que obtengan los derechos y beneficios que se mencionan, en tanto que en ambos sectores se desarrolla el mismo trabajo y actividades relacionadas con la investigación para fortalecer la calidad, desempeño y eficiencia de los sectores educativos del país», afirmó el juzgado.
El Conacyt impugnó la suspensión provisional, misma que fue confirmada el 2 de julio por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
En sus alegatos, el órgano de Gobierno argumentó que aún no se habían concretado afectaciones a los investigadores de universidades privadas, por lo que no procedía la suspensión.
Si bien la suspensión definitiva también puede ser impugnada ante un Tribunal colegiado, esa revisión tomará varias semanas, tiempo durante el cual no se podrán retirar las becas y beneficios a investigadores de universidades afiliadas a la FIMPES.
Estas incluyen al ITAM, varios campus de las universidades Anáhuac e Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de las Américas, la Universidad Panamericana, el ITESO, la Universidad La Salle y la Autónoma de Guadalajara, entre otras.
