Un juez federal desechó hoy una acción colectiva que buscaba indemnización de 6 millones de pesos para cada una de las 26 víctimas del colapso en la Línea 12 del Metro, así como otras reparaciones.
Benito Zurita, juez Segundo de Distrito en Materia Civil, resolvió que la acción colectiva no es la vía jurídica correcta para un reclamo de este tipo, ya que el órgano demandado es el Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México, y por tanto se trata de un caso de responsabilidad patrimonial del Estado.
«Al derivar la presente controversia en una probable actividad administrativa irregular del Estado por la prestación de un servicio público deficiente, resulta aplicable la Ley Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, sin que sea procedente estudiar la presente controversia al tenor de las disposiciones civiles generales, pues como se señaló con anterioridad, una supuesta responsabilidad objetiva procede por los daños que cause no cualquier persona, sino precisamente el Estado, con motivo de su actividad administrativa irregular, lo cual comprende la prestación deficiente de un servicio público», explicó el juez.
La responsabilidad patrimonial se tiene que reclamar inicialmente ante el propio STC o ante la Contraloría General de la Ciudad de México, y de ser negativa la respuesta, llevarse a juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la capital.
El Gobierno de la CDMX ya ha ofrecido indemnizar con 1.9 millones de pesos por cada uno de los fallecidos, incluidos 870 mil pesos que pagó el seguro del STC.
Si bien un proceso de responsabilidad patrimonial podría llevar a un monto mayor, pues la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucionales los topes de indemnización previstos en la ley, el litigio tomaría varios años.
La acción colectiva fue presentada el 7 de mayo por la asociación civil Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), con la idea de ir sumando al juicio a los parientes de las víctimas.
Desde hace años, varios despachos de abogados y asociaciones similares a ONRE promueven acciones colectivas ante los juzgados federales para tratar de obtener indemnizaciones por daños ambientales, económicos y en materia de consumidores.
Previstas desde 2011 en el Código Federal de Procedimientos Civiles, este tipo de acciones colectivas han sido un fracaso, pues hasta ahora no se ha dictado una sola sentencia que resulte en pago para los interesados.
