Una comitiva diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio seguimiento, durante una gira de trabajo por Estados Unidos, a los casos de disparos transfronterizos por parte de la Patrulla Fronteriza, sucedidos en 2010 y 2012, a fin de avanzar en una solución que brinde justicia a las familias afectadas, se informó este viernes.
El primer caso, sucedió en junio de 2010 cuando Sergio Adrián Hernández Guereca, de 15 años, jugaba junto a otros menores en la línea fronteriza de El Paso y Ciudad Juárez. A pesar de que se encontraba del lado mexicano un agente de la Patrulla Fronteriza, desde el lado estadounidense, le disparó en la cara y lo mató.
En 2015 sus padres presentaron su caso ante la Suprema Corte de Estados Unidos argumentando que el agente Jesús Mesa, que mató a su hijo uso fuerza excesiva y letal en violación de la Constitución de aquel país.
El tribunal supremo le dio la razón, 5 votos a favor y 4 en contra, al agente migratorio que argumentó que el gobierno les da protección a funcionarios públicos ante demandas de la ciudadanía a menos que el demandante demuestre que se violó un derecho claramente establecido.
La defensa legal de Mesa encontró una laguna jurídica que versa que no se establecieron los derechos del menor asesinado a tiros por el agente de la Patrulla Fronteriza en el momento del incidente pues, técnicamente, estaba en el lado mexicano. Así pues, la demanda no era procedente.
El otro caso, el de 2012, es similar. Cambia el lugar, este aconteció en la frontera entre las dos Nogales, la de Sonora y la de Arizona. Pero el escenario es una calca de la anterior. Un agente mató a tiros a un menor de edad que estaba en el lado mexicano.
Esta vez el agente de la Patrulla Fronteriza, Lonnie Swarts, argumentó que abrió fuego contra José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, porque le estaba arrojando piedras. Se sabe que el adoslecente estaba desarmado.
La justicia estadunidense absolvió dos veces a Swarts. La primera vez en 2017 por cargos de homicidio en segundo grado. Un año después, en un segundo juicio, fue absuelto por homicidio culposo.
El dictamen forense de José Antonio indica que el primer balazo lo recibió en la cabeza, y luego recibió otros ocho en la espalda cuando yacía herido en la banqueta, boca abajo y desarmado. La evidencia indica que fue acribillado.
Reuniones se realizaron en la Embajada mexicana en Washington
Durante el último día de visita, la comitiva encabezada por el consultor jurídico, Alejandro Celorio, y el coordinador de Estrategia de la Unidad para América del Norte, Arturo Rocha, llevó a cabo una serie de reuniones de trabajo en la Embajada de México en Washington, a fin de coordinar distintas estrategias de defensa de los derechos humanos y laborales de las personas mexicanas en aquel país.
Ayer, el consultor jurídico Celorio encabezó una reunión con su contraparte en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Richard Visek. Los consultores jurídicos, junto con funcionarios de ambos países, conversaron sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones de notificación consular conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, con el propósito de garantizar la protección de las personas detenidas o arrestadas en ambos países.
La delegación mexicana enfatizó el respaldo de la Cancillería a los esfuerzos por parte del Departamento de Estado para respetar dicha Convención, así como para hacer valer las obligaciones derivadas del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena, de marzo de 2004. En ese sentido, las delegaciones conversaron sobre distintos mecanismos jurídicos para ampliar la protección de nacionales mexicanos en riesgo de ser ejecutados.
