La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que haya una persecución política en contra del ex Secretario de Economía Ildefonso Guajardo tras imputarle enriquecimiento ilícito.
En un comunicado, aseguró que el diputado federal electo del PRI ha tenido acceso a la indagatoria desde el 8 de marzo, pero a la fecha no ha presentado pruebas.
“La acusación principal se refiere a una cuenta del acusado en el extranjero, con un saldo de $8,169,639.00 pesos, cantidad que él afirma que proviene del repudio que hizo en 2014 de la mitad de un inmueble que fue legado a él y a su hermana; y, al respecto, él entregó la escritura sobre ese tema en la que su mitad no corresponde, de ninguna manera, con la cantidad que dice haber depositado por ese origen”, expuso la FGR en un comunicado.
“Desde el 8 de marzo, se le ha dado acceso permanente a toda la indagatoria y, a su vez, se le ha pedido que demuestre el origen de esa inconsistencia, sin que lo haya hecho. Y, ante tales circunstancias, la única opción del Ministerio Público Federal fue la judicialización del caso”.
Estableció que en la audiencia ante el Juez de Control, la autoridad judicial le volvió a dar la oportunidad para que aportara las pruebas referidas y también para que pidiera a su favor el aplazamiento procesal correspondiente.
“Y ninguna de esas opciones fue tomada en cuenta por el acusado”, señaló la FGR.
Guajardo, diputado federal electo del PRI, dijo que está tranquilo, presentará las pruebas de su inocencia y que él será la cabeza de su defensa.
“No quiero acusar a nadie, pero esto me huele a persecución política”, indicó.
José Rogelio Alanís García, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, consideró que la FGR presentó los datos de prueba suficientes para procesar por enriquecimiento ilícito al ex Secretario en la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
El juez también le concedió a Guajardo la libertad provisional, pero le impuso la obligación de presentarse periódicamente a la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de abandonar el País sin autorización judicial.
En una audiencia celebrada el pasado jueves, la FGR también pidió al juez una orden para impedir que Guajardo tome protesta como diputado federal, en septiembre próximo; sin embargo, su solicitud fue rechazada porque no contribuye a conducir al imputado al proceso.
Por solicitud del procesado, el juez Alanís le fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de investigación complementaria, periodo en que la FGR y la defensa del imputado reunirán sus respectivos datos de prueba para un eventual juicio.
