La organización Código DH exigió a las autoridades encargadas de la procuración de justicia acatar la recomendación 13/2016 de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) en el caso de dos afromexicanos presos desde hace 10 años, quienes fueron torturados y que hasta el momento no han sido sentenciados.
De acuerdo con la asociación defensora de derechos humanos, Honorio Corcuera Noyola y Margarito González Domínguez son dos afromexicanos originarios de Chacahua, quienes fueron torturados y acusados de los delitos de homicidio calificado (premeditación y ventaja) y robo calificado (con violencia física), en agravio de Jesús Israel Moreno Pérez, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Israel Moreno desapareció el 8 de julio de 2011 en la comunidad de Chacahua, perteneciente al municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo; aunque su cuerpo no ha sido encontrado, los imputados fueron exhibidos públicamente como los responsables del asesinato, de acuerdo con el expediente de la Defensoría.
Desde diciembre de 2011, Honorio Corcuera y Margarito González fueron privados de la libertad y arraigados durante un mes, en el cual «fueron sometidos a tortura para imputarles el delito de homicidio calificado», según el expediente 01/2012, que se tramita en el 2º Juzgado Mixto de Puerto Escondido.
Código DH advirtió que la investigación desarrollada por la desaparición de Israel Moreno, a 10 años de su desaparición, sigue abierta y ha sido motivo de observación por parte de organismos de derechos humanos como la DDHPO y el Comité de Derechos Humanos (DDHH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La organización precisó que la recomendación de la DDHPO solicita que se realicen de manera inmediata todas las diligencias que se encuentre pendientes dentro de la averiguación previa que se haya iniciado en contra del ciudadano Juan Luis Vásquez Martínez, comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones por las acusaciones que le formuló Carlos Moreno Zamora, padre del joven desaparecido.
En esa denuncia, Moreno Zamora acusó al comandante de la AEI de amenazarlo; también lo denunció penalmente por fabricar hechos y testigos falsos, obligar a declarar a menores de edad sin la presencia de sus tutores y el perito psicólogo correspondiente, así como por el presunto ofrecimiento de dinero que le hizo a los testigos y por los posibles casos de tortura que puedan desprenderse de los autos.
Hechos de los cuales, mediante oficio PGJE/465/203, del 28 de octubre de 2013, se dio vista al Fiscal Especializado en Delitos Cometidos Por Servidores Públicos de la Institución.
A la fecha, Honorio Corcuera y Margarito González continúan privados de la libertad sin sentencia, lo «que en sí mismo ya constituye una grave violación al acceso a la justicia y debido proceso legal», sostuvo Código DH.
