Por Fabiola Guarneros Saavedra
Los otros datos
Juan Diego Mendoza es el sacerdote de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Tijuana. Llegó ahí hace dos semanas —desde Apatzingán—, para impulsar el proyecto de El buen samaritano, un corredor de seguridad para las familias michoacanas que huyen de la violencia y tratan de conseguir asilo en Estados Unidos.
Coordina el proceso de ayuda humanitaria para los desplazados de Aguililla, Coalcomán, Buenavista y Apatzingán, mientras logran el asilo. El párroco dijo a Manuel Ocaño, corresponsal de Excélsior, que, desde hace unos ocho meses, la realidad en Michoacán se ha vuelto más trágica por un enfrentamiento entre cárteles del narcotráfico.
“Del municipio de Aguililla se habla de un desplazamiento de entre seis y ocho mil personas y de la región de Tierra Caliente llegan a Tijuana dos o tres familias por día”, dijo.
Esas familias que han sido desplazadas por el crimen organizado también son víctimas de la ausencia del Estado de derecho y de la impunidad, porque como dijo el Presidente de la República en su conferencia matutina del 5 de julio, con la política de los “abrazos y no balazos lleva más tiempo alcanzar el objetivo”.
“Tenía una tienda, de eso vivía. Hace dos semanas llegaron (los sicarios), se metieron y me dijeron que me daban 10 minutos para irme del pueblo o me iban a tirar disparos. Nos fuimos del pueblo y de Aguililla, pero nos venían siguiendo, apuntando todo el camino. Hace unas semanas yo no pensaba que iba a estar así, en Tijuana, sin dinero, buscando albergue, empezando de cero”. Es el testimonio de la señora Elizabeth.
“Mi niña venía en calzoncitos, no nos dejaron agarrar nada”, contó Gabriel. A doña Ernestina (75 años), la dejaron viuda porque su esposo de la misma edad no pudo abandonar el pueblo tan rápido como le ordenaron. Elizabeth, Gabriel y Ernestina contaron su historia, hicieron catarsis en la parroquia (Excélsior 08/07/2021).
El Presidente no irá a Aguililla “para no hacerle el caldo gordo a la prensa amarillista y a sus adversarios”, lo dijo el 6 de julio en su conferencia matutina. Ojalá su motivación fuera rescatar a las víctimas de los grupos criminales o supervisar el avance de la estrategia de seguridad, ésa que con abrazos desarma cárteles.
Del 1º de diciembre de 2018 al 30 de junio de este 2021 se han reportado 49 mil 581 personas desaparecidas, de ellas se localizaron con vida a 25 mil 777; sin vida a 2 mil 258 y se mantienen en calidad de desaparecidas 21 mil 546 (43.4 por ciento). Los estados con el mayor número de reportes por este delito son Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Sinaloa y Zacatecas.
Esos datos no son invención de la prensa amarillista, los dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, el pasado 7 de julio.
“Del total de las personas desaparecidas, las mujeres representan casi el 25%, pero si sólo tomamos a las mujeres menores de 18 años, las niñas, adolescentes representan más del 55% de las personas desaparecidas y no localizadas, la mayoría en el rango de edad de los 10 y los 17 años”, informó.
El subsecretario de Gobernación dijo también que a la fecha tienen el registro de 71 personas reportadas como desaparecidas y no localizadas en el tramo del kilómetro 26 de la carretera federal 85 que va de Monterrey, Nuevo León, a Nuevo Laredo en Tamaulipas. La mayoría de los reportes de las familias refieren que las personas víctimas del delito eran hombres que se dedicaban a la conducción de transporte de carga, vehículos pesados o taxis.
Y el martes pasado, agentes de la Policía Estatal que viajaban en un autobús de la Secretaría de Seguridad Pública fueron atacados por pistoleros que operan en el municipio de Nuevo Laredo. Un reporte policial señaló que los hechos ocurrieron a las 21:40 horas en la peligrosa carretera Nuevo Laredo-Monterrey cuando eran escoltados por otras patrullas de la misma corporación.
Entre enero y mayo de este año, 11 mil 149 menores de edad fueron víctimas de homicidio, feminicidio, trata de personas, tráfico de menores, corrupción de menores, secuestro, rapto, lesiones, extorsión; es decir, tres cada hora, de acuerdo con indicadores de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Las entidades con el mayor porcentaje de delitos en contra de niños, niñas y adolescentes son el Estado de México, la Ciudad de México y Nuevo León.
La violencia y la inseguridad también impactaron al proceso electoral con asesinatos, secuestros, amenazas y extorsiones, de los que fueron víctimas diversos actores políticos. “Tenemos reportes de 30 candidatos, candidatas, aspirantes a diversos cargos o a candidaturas que fueron asesinados en este proceso electoral, mientras que en 2018 fueron 27. De hecho, recuerdo con cifras oficiales, que entre enero y mayo de 2021, se registraron más de 14 mil homicidios dolosos, hecho que sin duda constituye el contexto en el que el INE tiene que organizar elecciones,” dijo el presidente del INE, Lorenzo Córdova.
Aquí están los otros datos. Cifras, testimonios, rostros de una realidad que aturde. Alimentar la discordia por la sucesión presidencial, nombrar a los “favoritos” y estrenar una sección sobre quién es quién en las noticias, sólo distraen, pero no borra ni cambia la realidad y menos para quienes la viven.
