El Senado de Pensilvania, de mayoría republicana, está estudiando investigar cómo se realizó la elección del año pasado, una indagación impulsada por las denuncias infundadas del expresidente Donald Trump de que su derrota en el estado crucial se debió al fraude y siguiendo el ejemplo de los senadores republicanos de Arizona.
Cualquier orden de incautación emitida por el Senado estatal para una “auditoría electoral” al estilo de Arizona enfrentará la estridente oposición de los demócratas y casi con seguridad cuestionamientos legales en las cortes de Pensilvania, en momentos en que los estados y el Congreso debaten nuevas leyes electorales, como parte de esfuerzos provocados a raíz de las aseveraciones de Trump.
Los senadores republicanos han mantenido silencio sobre sus deliberaciones internas.
El senador Doug Mastriano, un astro en ascenso en la ultraderecha de Pensilvania, que expresó su deseo de realizar una auditoría como la de Arizona, presentó su plan a sus colegas republicanos el miércoles.
Dijo en un comunicado que, como presidente del Comité de Operaciones Intergubernamentales del Senado, envió cartas a varios condados, solicitando “información y materiales necesarios para realizar una investigación de las elecciones generales de 2020 y las elecciones generales de 2021”.
En Arizona, el Senado utilizó sus poderes para incautar más de dos millones de boletas y las máquinas que las contaron, junto con datos informáticos.
Mastriano también solicitó asesoramiento a una firma de abogados de Pensilvania sobre el uso de fondos privados por parte del bloque de senadores republicanos para pagar a consultores y abogados. La carta de la forma llegó a The Associated Press.
En la carta, la firma analizó la legalidad de usar fondos de una ONG privada “para pagar gastos de vendedores, incluidos un consultor y abogado’’, como parte de una “investigación supervisora” de la elección de 2020 encabezada por el comité que preside Mastriano.
Si bien no podemos pronosticar cuál sería la decisión de la Corte Suprema de Pensilvania, en nuestra opinión, con un grado razonable de certeza legal, la ley de Pensilvania no prohíbe que el bloque o el comité acepten o se beneficien de ese apoyo financiero’’, escribió el abogado Bruce S. Marks.
El propósito de la investigación es elaborar leyes que refuercen la participación de los votantes y la integridad de la elección’’.
En las cartas que Mastriano envió a varios condados pidió que respondan antes del 31 de julio “con un plan para cumplir”, escribió. El senador no nombró los condados, pero el de York confirmó que recibió una carta.
Teóricamente, Mastriano podría emitir citaciones a los condados que resisten con una mayoría de votos de su comité. Los bastiones demócratas de Filadelfia y el condado de Allegheny, hogar de Pittsburgh, podrían ser los principales objetivos.
Trump ha presionado a los legisladores republicanos en Pensilvania para que realicen una auditoría al estilo de Arizona, como lo ha hecho en otros estados que perdió por poco margen.
LANZAN ADVERTENCIA
El Departamento de Estado de Pensilvania emitió un comunicado en el que señaló que “alienta a los condados a negarse a participar en cualquier revisión falsa de elecciones pasadas que requieran que los condados violen la confianza de sus votantes e ignoren su deber legal de proteger la cadena de custodia de sus boletas y equipos de votación”.
Además, especificó que está listo para “ayudar a los condados a cumplir con su deber legal de proteger la seguridad e integridad de sus máquinas y sistemas electorales”.
Ante la insistencia del senador Mastriano, el Departamento de Estado local advirtió a los condados que “si entregan las máquinas de votación o los escáneres, deben estar preparados para reemplazar ese equipo nuevo y costoso antes de futuras elecciones”.
