La tortura en México se profundizó durante 2020, en medio de la pandemia por Covid-19, asegura un informe publicado este jueves en Ginebra, Suiza, por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
Ante esta situación, el organismo internacional urgió la aprobación y publicación, previa consulta con organizaciones civiles, del Programa Nacional para la Prevención y Sanción de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
«Hay pasos significativos a nivel legal e institucional en el plano federal, sin embargo, la persistencia de la tortura y la impunidad continúa y se ha profundizado con la llegada de la pandemia de la Covid-19», concluye el informe.
El documento es resultado de una visita virtual a México realizada entre el 4 y 11 de febrero, en la que con apoyo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT) y otras organizaciones no gubernamentales, se pudieron reunir con diferentes autoridades mexicanas.
«De acuerdo con las cifras e investigaciones de instancias públicas y de sociedad civil, en los primeros 18 meses del actual sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales las que, sumadas a las ya existentes en años anteriores, elevaron la cifra de casos abiertos a más de mil 259», se indica en el informe.
«Sólo tres fueron enviados ante un juez y apenas se obtuvo una sentencia condenatoria».
Agrega que a nivel local, sólo en 2018, se iniciaron casi 4 mil investigaciones, pero en apenas 2 casos hubo cargos penales por tortura ante algún juez.
La OMCT señala a la FGR como «cuello de botella» de muchos de los problemas que se observan.
«Incluyendo: la falta de respuesta a solicitudes de otras instituciones, la presentación de iniciativas de reforma de carácter regresivo y desarticulador, la falta de implicación e implementación de instrumentos y medidas previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como las múltiples deficiencias que caracterizan la investigación de casos», acusa.
Sobre las personas privadas de libertad en México se indica que en abril de 2021 ascendían a 215 mil 232, de las cuales, según el Observatorio de Prisiones de Documenta, alrededor de 3 mil 380 se habían contagiado de Covid-19 y 255 habían fallecido.
«El hacinamiento y la falta de medidas para mitigar las probabilidades de transmisión y garantizar el derecho a la salud han hecho apremiante acciones para despresurizar los centros penitenciarios y garantizar condiciones de detención dignas.
«Pese a esto, medidas como la Ley de Amnistía, aprobada precisamente para reducir la superpoblación y proteger a las personas en mayor vulnerabilidad, así como figuras de sustitución de la pena o preliberación, previstas en las leyes vigentes, no se han traducido en una reducción de la población penitenciaria», señala.
