Por José Buendía Hegewisch
La infortunada Corte en el #juicioexpresidentes
La primera consulta popular constitucional en México no está enunciada para juzgar a los últimos cinco expresidentes. Puede significar muchas cosas. Unos ven un circo romano para exhibir la corrupción de gobiernos neoliberales, otros, la reivindican como un triunfo cultural sobre la impunidad del pasado, y a muchos les parece distracción. Pero lo cierto es que la formulación de la Corte para aprobarla obstaculiza hoy el objetivo de toda justicia, que es reparar a las víctimas, y deja los resultados a la interpretación del presidente López Obrador.
Tal es el galimatías de la pregunta que al día siguiente de la consulta habría que pedir a los ministros esclarecer cuáles son las “acciones pertinentes” que deriven de ella y quiénes los responsables de dar cuentas, en caso de alcanzarse el umbral para que sea vinculante (40% del padrón electoral, unos 37 millones). La Corte falló en creer que la cuestión consistía sólo en decir algo, cuando de lo que se trata es de enunciar para hacer algo. La consulta lleva a una acción, pero, ¿a cuál? No cumple su objetivo porque la Corte trató de conciliar políticamente las limitantes constitucionales para las consultas y la trascendencia nacional de juzgar crímenes del pasado. De ahí el absurdo.
Así, los ciudadanos que acudan a las 57,000 mesas receptoras el próximo 1 de agosto se encontrarán casi con un enigma más propio de un juego de pistas de rally que de una consulta popular: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. No se habla de juzgar, sino de expresiones que acaban por parecer cantinflescas y exponen un ejercicio democrático a la crítica de un show o parodia de justicia. La expresión es desafortunada, y esto se da cuando se rompen reglas de un mecanismo cuyo funcionamiento necesita un procedimiento aceptado y tener un efecto convencional.
Por supuesto, la consulta podría llevar a crear comisiones de la verdad o a procedimientos judiciales, como ha sugerido el ministro Arturo Zaldívar, pero también conducir a nada. Quien tendrá la última palabra será López Obrador, aunque no se necesite para devolver a manos del Ejecutivo las acciones contra crímenes del pasado.
La Corte no ha sido amigable con las consultas, desechó todas las anteriores desde 2015 por los mismos motivos que en este caso la juzgó inconstitucional antes de cambiar la pregunta. La actual no es la que propuso López Obrador con más de 2 millones de firmas que juntó Morena, pero lo paradójico es que la crítica se la ha llevado el gobierno, más que los ministros que la avalaron en una votación dividida. ¿Qué pueden esperar las víctimas de la corrupción o de impunidad de la violencia o de decisiones políticas fallidas o erróneas? Ahora el prestigio de este mecanismo de participación ciudadana dependerá de discutir el resultado y la utilidad en una siguiente etapa posconsulta. Habrá tarea para el Legislativo, la Corte, pero poco… muy poco para las víctimas.
No obstante, para Morena y el gobierno la convocatoria es ya un triunfo, al menos cultural, porque permite condenar en la plaza pública a los gobiernos neoliberales, aunque sabe del riesgo de desgaste del mecanismo si no sirve para otra cosa que exhibir a los expresidentes del pasado. Verá que el búmeran regresa al terreno de las fiscalías, que quería evitar con la consulta, por la inacción de la justicia para investigar la corrupción política, como en los resultados casi nulos de casos como Odebrecht. Sobre todo, la acción regresará al Presidente, que trató de lavarse las manos entre su promesa de hacer justicia y la crítica de venganza política si entraba a juzgar a sus antecesores. Como se recordará, se pronunció personalmente en contra de juzgarlos, pero abrió la consulta para que el pueblo decidiera.
Si el Presidente quería resolver la contradicción entre su posición personal y la promesa pública de obligar a la rendición de cuentas del pasado, la SCJN lo dejó involuntariamente sin esa coartada y devuelve el balón a su cancha. Es otro ejemplo más de las consecuencias imprevisibles de expresiones infortunadas del máximo tribunal en un asunto, ni más ni menos, que de trascendencia nacional.
