Criticada por un transitorio que amplía el mandato por dos años del Ministro Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, la reforma judicial topó con otros cuestionamientos de fondo.
Un amparo promovido por la Escuela Libre de Derecho (ELD), alma máter de Zaldívar, señala que dicha reforma traería riesgos sobre la autonomía de los jueces.
Conforme la demanda de amparo, los cambios legales aprobados por el Congreso tienen criterios vagos, ambiguos, discrecionales y que atentan contra la independencia de los jueces.
En su solicitud para invalidar las leyes publicadas el pasado 7 de junio, las cuales buscan reglamentar la reforma Constitucional del 11 de marzo, la Libre de Derecho afirma, por ejemplo, que los criterios para cambiar de adscripción a jueces y magistrados pueden ser utilizados para influir a jueces desde el Consejo de la Judicatura Federal.
Esta herramienta es una de las más favorecidas por el Ministro Zaldívar durante su gestión para atacar presuntos casos de nepotismo y corrupción.
«Los criterios utilizados por este artículo son vagos, ambiguos, y otorgan una absoluta discrecionalidad al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para llevar a cabo cambios de adscripción sin ninguna garantía de independencia», afirma la demanda firmada por el Rector Ricardo Silva Díaz.
La demanda también sostiene que son inconstitucionales la creación de una Unidad de Investigación del CJF y de «comités de investigación» para casos graves, así como la facultad de suspender, readscribir o suspender a jueces y magistrados para ser investigados, incluso por faltas no graves.
«Son facultades desproporcionadas que no sólo inciden en el libre ejercicio de la función judicial, sino que además inhiben la debida impartición de justicia conforme a la independencia judicial que debe regir», afirma la demanda.
El expediente de la institución académica, de la que Zaldívar es egresado, impugna más de 50 porciones normativas de la reforma al Poder Judicial impulsada por el Ministro Presidente.
Cuestiona también la facultad del CJF para concentrar en uno o más juzgados y tribunales asuntos vinculados con violaciones graves a derechos humanos, cuando lo que debe ocurrir es una asignación aleatoria de los expedientes.
«Se afecta la eficacia del derecho de acceso a la justicia, en tanto que se estaría realizando una selección ad hoc para la solución de casos, con lo cual se vulnera la garantía de independencia judicial que obliga a que los jueces sean impersonales», señala.
El amparo critica además el papel de la Escuela de Formación Judicial para la selección de funcionarios de los tribunales, pues subraya que está totalmente supeditada al CJF.
Con miras a evitar que el juez no deseche la demanda por notoria improcedencia, la Libre de Derecho alega que tiene interés legítimo, aunque de admitirse sería la Suprema Corte de Justicia la que tendría la última palabra.
