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jueves 23 de julio de 2026

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Bitácora del director

Bitácora del director

Por Pascal Beltrán del Río

La consulta, ¿rumbo a otra comisión de la verdad?

El primer organismo que se propuso hurgar en el pasado para reconstruir presuntos delitos cometidos en la esfera política fue la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos, instaurada por el entonces presidente boliviano Hernán Siles Zuazo para investigar la sustracción de personas durante las dictaduras militares que se sucedieron en el país sudamericano entre 1967 y 1982.
La comisión sólo operó dos años –por falta de fondos y lo limitado de su mandato–, pero logró instaurar la figura de Juicios de Responsabilidad, bajo la cual se procesó a 56 funcionarios, entre ellos el general Luis García Meza, quien usurpó la presidencia entre 1980 y 1981, luego huyó a Brasil y fue extraditado en 1995 para cumplir una condena de 30 años de cárcel.
El mismo concepto de ente investigador del pasado tomó vida en Argentina con el retorno a la democracia en 1983, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) publicó el informe Nunca Más, que documentó la desaparición forzada de 8 mil 961 personas durante la dictadura militar que se inició con el golpe de Estado de marzo de 1976.
El posterior Juicio de las Juntas, que comenzó en 1985, fue el mayor proceso sobre crímenes de guerra desde el de Nüremberg. Los fiscales presentaron un total de 709 casos y lograron la condena de varios altos mandos del Ejército y la Armada, como el general Jorge Videla y el almirante Emilio Massera.
Otro caso célebre de comisión de la verdad fue el de Sudáfrica, el primero en introducir el término reconciliación en su nombre. Fue establecida en 1995, luego del desmoronamiento del Apartheid. Encabezada por el arzobispo Desmond Tutu, la meta de dicha comisión fue la promoción de la unidad nacional, por lo que se ofreció amnistía a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos que confesaran sus crímenes.
Un total de 7 mil 111 personas se acogieron al ofrecimiento de amnistía, el cual le fue otorgado a únicamente a 849 de ellas. El proceso se caracterizó por un número limitado de sentencias, entre ellas las de los policías blancos que intentaron matar al religioso negro Frank Chikane en 1989.
En México, durante el gobierno del presidente Vicente Fox, se creó la Fiscalía Especial sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado para investigar hechos como las matanzas del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, así como la represión ocurrida durante la llamada guerra sucia.
La Femospp, a cargo de Ignacio Carrillo Prieto, se desintegró el sexenio siguiente sin conseguir una sola sentencia condenatoria y haber gastado 300 millones de pesos del erario. En 2009, un tribunal colegiado en materia penal exoneró al expresidente Luis Echeverría, uno de los principales objetivos de las pesquisas. La entonces PGR –hoy Fiscalía General de la República– se quedó con las 234 averiguaciones previas integradas, de las cuales 200 son por desaparición forzada.
Actualmente, se habla de la formación de una nueva comisión de la verdad en México, luego de que el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, declarara al periódico español El País que la consulta popular del 1 de agosto “no es una apelación a procesos judiciales, sino a una especie de comisión de la verdad, a instrumentos no jurisdiccionales que pudieran generar una salida a conflictos y a sucesos dolorosos para el país”.
En el mismo sentido se pronunció, mediante un tuit, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, quien consideró que “muchos de los delitos que hubieran cometido los expresidentes se encuentran prescritos”, pero que la consulta tiene “un mandato claro para una ‘comisión de la verdad’ en temas de corrupción”.
A reserva de ver si el ejercicio del próximo domingo logra la votación mínima para ser vinculante, no veo razón por la que no podría formarse una comisión de la verdad como la del Caso Ayotzinapa. Que, como ésta, no tenga materia legal ni manera de encontrar verdades, más allá de las que todo mundo ya conoce, es otra cosa.

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