La Secretaria de Energía (Sener) se dispone a solicitar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la fijación inmediata de precios máximos para la venta de gas LP, con base en una «Directriz de Emergencia para el Bienestar del Consumidor».
Lo anterior, pese a que el artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos de 2014 específicamente aclaró que, a partir de enero de 2017, los precios de gas LP se determinarían conforme a las condiciones del mercado.
Esta medida se anuncia en paralelo a la orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador para crear la empresa estatal Gas Bienestar, que venderá cilindros a precios aparentemente subsidiados o menores a los distribuidores privados.
«Esta Secretaría como autoridad coordinadora del sector energético advierte la necesidad de generar un marco de protección a los consumidores de gas LP para atender de emergencia un problema, el cual ha provocado un problema social y de seguridad nacional, que requiere de una respuesta urgente», dice el proyecto de Directriz, fechado ayer y publicado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).
En la práctica, la CRE ha ejecutado prácticamente todas las políticas en materia energética ordenadas por el actual Gobierno desde 2019. Si la CRE fija las tarifas máximas, son previsibles amparos de las empresas privadas ante el mandato expreso de ley que no las permite.
La Directriz acusa a las empresas comercializadoras y distribuidoras de gas LP de prácticas monopólicas -tema sobre el cual está abierta una investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica-, ya que la parte final de la cadena de valor es la única que no esta sujeta a tarifas reguladas.
Según la Sener, los permisionarios y distribuidores se han organizado para repartirse las zonas de venta, lo que genera abuso en precios.
«Además de generar inestabilidad en el suministro del producto, hay riñas por las zonas de ventas, lesiones entre los involucrados, muertes, daño en propiedad privada, exponiendo no sólo sus vidas y las de los vecinos», dice el proyecto.
