Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República reabrir la investigación por un presunto enriquecimiento ilícito de 36.5 millones de pesos contra el Magistrado José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Después de una audiencia de seis horas, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, revocó el no ejercicio de la acción penal dictado el pasado 15 de junio por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
En una audiencia de impugnación solicitada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el «carpetazo», el juzgador concluyó que había elementos para que la FECC indagara de nueva cuenta a Vargas por los mismos hechos.
Previamente, el juez zanjó un debate entre los fiscales federales y la defensa del Magistrado, y determinó que la UIF sí estaba facultada jurídicamente para impugnar la decisión de archivar la indagatoria, como las personas o entidades que tienen la calidad de víctima u ofendido de un delito.
«Durante la audiencia sobre el caso de José Luis «N» realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México el Juez reconoció a la Unidad de Inteligencia Financiera como denunciantes y facultada para impugnar la determinación del No Ejercicio de la Acción Penal que hace unas semanas se dictaminó a favor de José Luis ‘N'», dijo la UIF.
«El juez revocó el No Ejercicio de la Acción Penal para que se continúe la investigación en contra de Jose Luis «N» por el probable delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita».
La carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0000161/2020, fue iniciada contra Vargas por una denuncia presentada el 19 de febrero del 2020 por la UIF, por un supuesto enriquecimiento de 36 millones 487 mil 433 pesos.
Esta suma corresponde a los gastos comprobables del 2013 al 2019 por tres conceptos: pagos con una tarjeta de crédito, pago de colegiaturas y compra de bienes inmuebles.
El pasado 15 de junio la FECC determinó archivar la indagatoria porque concluyó que no había elementos de delito, en virtud que el imputado acreditó la licitud de los bienes y operaciones investigadas.
El Magistrado expuso al Ministerio Público que algunos de los bienes denunciados como suyos en realidad son de su esposa Mónica Bauer Mengelberg, directiva de PepsiCo.
El pasado 19 de julio, cuando Grupo REFORMA dio a conocer esta determinación de la FECC, la UIF anunció que impugnaría la resolución y al mismo tiempo reveló que había presentado una nueva querella contra Vargas y su esposa Mónica Bauer por transferencias presuntamente irregulares al extranjero.
