Por RUBÉN MOREIRA
En cuestión de seguridad pública es común saber de disputas entre autoridades de los tres órdenes de gobierno. Cuando sucede un hecho delictivo de magnitud o aparecen estadísticas desfavorables no es extraño que en los medios de comunicación se deslicen frases o argumentos mediante los cuales los titulares de los ordenes de gobierno traten, para deslindarse, de culpar a sus homólogos.
Hace unos días el politólogo e investigador nacional Sergio Aguayo presentó Reconquistando la Laguna, documental auspiciado por El Colegio de México. En 52 minutos describe el esfuerzo institucional para lograr la paz en esta emblemática zona del país.
En el presente artículo no pretendo, además es imposible, desarrollar la estrategia que permitió terminar con la violencia en la comarca lagunera y el conjunto del estado de Coahuila. Adelanto que, aun cuando se observan algunas similitudes, hay rasgos que distinguen las acciones que se aplicaron para cada uno de los territorios de la entidad (Coahuila tiene seis regiones geográficas y económicas).
La responsabilidad de la paz es esencialmente un tema de las autoridades estatales. Esta afirmación puede resultar controversial; sin embargo, mi experiencia me permite aportar argumentos para sostenerla. Me explico: el gobernador es la autoridad que mejor puede articular en su jurisdicción los esfuerzos con la federación y los municipios. Además, es quien tiene la mayor oportunidad de convocar a la sociedad e instrumentar la estrategia.
En el lapso que va de 2012 a 2017 Coahuila disminuyó en más de un 82 por ciento los homicidios y a la fecha mantiene un estándar de paz que lo distingue del resto del país. El ejemplo de La Laguna es notable, pues Torreón, de ser la quinta cuidad más violenta del mundo, salió de ese terrible ranking y se convirtió en referente de tranquilidad. Aun más: quien visita Coahuila puede viajar a cualquiera de los siete pueblos mágicos sin ningún inconveniente u organizar actividades al aire libre o de recreo sin contratiempos.
Son bien conocidas la mayoría de las grandes líneas que sirven para armar una estrategia de paz. Algunas de ellas se pueden enumerar fácilmente: mejorar las policías, involucrar a la sociedad, crear bienestar económico, construir leyes modernas, etcétera. Más allá de distinguir elementos de respuesta como los anteriores, el peso de la solución se encuentra en el compromiso de las autoridades para involucrarse en la instrumentación y evaluación de la estrategia. Esto se traduce, de querer buenos resultados, en un compromiso total de la autoridad subnacional, casi hasta extremos obsesivos. La agenda del gobernante exitoso en materia de seguridad se ve necesariamente dominada por el tema.
El campo de la ejecución de las estrategias incluye el diseño de acciones específicas y su evaluación cotidiana. Las entidades federativas con logros en este campo se distinguen por una actividad intensa y consistente en los consejos de seguridad. Es ahí, en una revisión permanente, donde se descubren las debilidades de la operación y, con un poco de inteligencia y estadística, se encuentra la lógica delictiva de ciudades y regiones. El problema de la inseguridad tiene solución. El mayor obstáculo es la falta de voluntad para atenderlo y el poco tiempo que en su agenda pública y personal dedican los políticos cuando gobiernan.
