Por Ivonne Melgar
Abrazos que no frenan los muertos
En nuestra última columna de 2020 nos despedimos del año preguntándonos si había llegado la hora de cumplir con ese lema de campaña, construyendo la justicia transicional, con tregua y tribunales para la pacificación de las regiones dominadas por grupos criminales.
Esa promesa, formulada desde 2018 en el Plan Nacional de Paz y Seguridad, se ratificó a inicio de 2021 en la plataforma electoral que Morena entregó al INE.
Al describir “el nuevo paradigma en materia de paz y seguridad”, el partido en el gobierno enumera estrategias ya en marcha, como los programas sociales para restarle base social a la criminalidad y el fin de la guerra contra las drogas.
Y si bien las promesas de campaña suelen quedar en eso, las recientes declaraciones del presidente López Obrador confirman que está listo para concretar la justicia transicional que él sintetizó en la controvertida frase. Igual en Aguililla que en Badiraguato.
Ayer mismo lo explicó al detallar las acciones que se impulsan en ese poblado sinaloense donde nació Joaquín Guzmán Loera: “Cuando dije abrazos, no balazos, hasta se burlaron. Y todavía. Pero les vamos a demostrar que es más eficaz, más humano enfrentar el problema de la inseguridad atendiendo las causas que originan la violencia”.
Le quedan 3 años al gobierno de López Obrador para lograr esa pacificación que, en este primer tramo sexenal, no consiguió evidencias numéricas.
“México lleva 3 años consecutivos, de 2018 a 2020, estacionado en una tasa de 29 homicidios por 100 mil habitantes”, reportó este miércoles el director del Inegi, Julio A. Santaella.
Esto es así porque la cifra de 36 mil 579 muertes violentas registradas en 2020 no es muy diferente a las 36 mil 661 de 2019 y a las 36 mil 685 de 2018.
El registro histórico que el Inegi lleva desde 2009 da cuenta que, en el peor momento del gobierno de Calderón, hubo 27 mil 213 en 2011. Y si bien en la gestión de Peña Nieto descendió hasta 20 mil en 2014, a partir de ese año la escalada no bajó: 24 mil 559 en 2016 y 32 mil 79 en 2017.
Aun cuando por instrucciones presidenciales las Fuerzas Armadas tienen prohibido los enfrentamientos, el saldo de muertes se mantiene.
Es decir, que ni los programas sociales ni la renuncia al uso de la fuerza por parte del Estado se han traducido en una disminución de la violencia.
Hace 33 meses, el ahora gobernador electo de Sonora, a punto de convertirse en secretario de Seguridad, sostuvo que el poder de las organizaciones criminales sólo podía entenderse por la corrupción de las instituciones que decían combatirlas.
Bajo el razonamiento de Alfonso Durazo, tenemos dos opciones: la corrupción persiste o ese diagnóstico no era correcto.
Una tercera explicación es que hay ineptitud para concretar el voluntarismo presidencial.
Eso ya sucedió con la amnistía aprobada por el Congreso hace un año. Ante su fracaso, el presidente López Obrador anunció este jueves que liberará presos por la vía de un decreto que, según alertan los que saben, no puede hacerse de un plumazo. Y lo mismo aplica con la pacificación socialmente ansiada.
Según la plataforma electoral de Morena de 2021, estamos a las puertas de “procesos regionales de pacificación con esclarecimiento, justicia, reparación, garantía de no repetición y reconciliación nacional”.
¿Se encuentra Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, trabajando “en disuadir a los autores de conductas delictivas de su reincidencia mediante intervenciones restaurativas, orientadas a su protección, resocialización y a la reparación del daño cometido a las víctimas”, como se promete en ese documento? ¿O son la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, y el subsecretario Rabindranath Salazar los responsables de convencer a los grupos delictivos de deponer las armas?
En la plataforma registrada ante el INE también se anuncia que, en esta segunda parte del sexenio, se impulsará la prevención del delito mediante el Desarrollo Alternativo, entendido como “alternativas económicas sostenibles para los hogares y comunidades que dependen del ingreso provisto por actividades ilícitas como el cultivo de drogas, la extracción y distribución ilegal de hidrocarburos y el robo de autotransporte”.
El deseo de cambio va en serio. Y así debería ser tomado por todos los actores políticos, a fin de construir en el Congreso y con el Poder Judicial los instrumentos requeridos para que no sea sólo una ilusión voluntarista. O peor: una retórica oficial bajo el riesgo de acusaciones de narcoestado.
