Por Raymundo Riva Palacio
Chiapas: El pacto roto
En Chiapas, territorio donde el narco y el poder político han pactado históricamente, se vive un crisis de seguridad pública.
Se han roto los pactos establecidos, después de la elección del 6 de junio, como ocurrió en 15 estados del país, y las fuerzas del crimen organizado se reacomoda en diversos territorios que en breve gobernarán los aliados del partido Morena.
Esto no es novedad. El Presidente lo sabe, pero calla.
En Chiapas –también en Zacatecas, Mivhoacán, Guanajuato y Tamaulipas– la crisis de violencia está imparable.
En la entidad del sureste, la tierra donde en 1994 surgió la insurgencia con la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la violencia no tiene precedente en los años recientes. El cártel de Jalisco y el de Sinaloa se disputan una puerta clave del ingreso de drogas provenientes de Sudamérica que, en la etapa del PRI, estaba bajo control. Pero ya cambió el esquema. Y esto causó la guerra en la zona de Chenalhó y la región Tsotsil.
Impotente el estado de Chiapas –y la Federación con todo y su Guardia Nacional– los indígenas se reorganizaron y crearon a autodefensa “El Machete”, con la cual pretenden hacer frente al crimen organizado, a lo que el Gobierno federal ha rehusado.
“El Machete”, según informes públicos, está constituido por un par de centenares de hombres enmascarados que se enfrentaron a los grupos del crimen para salvaguardar los intereses de sus regiones. Se espera que se mantengan en esa línea de lucha.
Esto, porque en los últimos ocho años han surgido unos 50 grupos de autodefensas en seis estados –Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas– que en su mayoría han terminado convertidas en brazos armados del crimen organizado, pues han aceptado apoyo económico y armas de los diversos cárteles que operan en el país.
Las autodefensas formaron parte de un proyecto que propuso el General Óscar Narango, exdirector de la Policía Nacional de Colombia, quien fue asesor del Presidente Enrique Peña Nieto. El proyecto empezó en Michoacán, pero todo derivó en un verdadero fiasco: las autodefensas fueron capturadas por el crimen, lo que explica la violencia actual. Otros proyectos similares también han terminado devorados por los cárteles.
Puerta de entrada de la droga y precursores químicos que provienen de Sudamérica y Centroamérica, zona de abastecimiento de los cárteles, territorio donde por años imperaron los pactos para evitar la violencia, el estado de Chiapas se ha convertido en un infierno: Tres grupos criminales –el cártel de Sinaloa, así como los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación– están en abierta disputa por el control de ese territorio.
Tales enfrentamientos –que se agudizaron la semana pasada– han provocado el desplazamiento de al menos unas 2 mil personas que, hasta la fecha, huyen de la violencia perpetrada por el crimen organizado en la zona tsotsil de Pantelhó-Chenalhó. La región –se asegura– ha sido abandonada debido a la ola de muertes causadas por los enfrentamientos entre los cárteles. Ninguna autoridad local ni federal interviene para impedirlo.
No es todo: en medio del fuego que han desatado estos tres grupos criminales fue asesinado Simón Pedro Pérez López, un activista defensor de los derechos humanos que, el pasado 6 de julio, fue ejecutado de un disparo en la cabeza.
De acuerdo con testigos de los hechos, el autor del crimen fue un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta. El activista era miembro de la Organización Civil Las Abejas Acteal, organismo de la que fue presidente en el año 2020.
Según las investigaciones consultadas, los hechos ocurrieron a las 10:00 de la mañana en el municipio de Simojovel. En ese momento, Simón Pedro –un indígena tsotsil– realizaba compras en compañía de su hijo. La víctima, además de ser defensor de los derechos humanos, era catequista de la parroquia de Santa Catarina en Pantalhó.
El párroco de esa población, Marcelo Pérez, señaló que Simón Pérez era una de las tantas víctimas de la violencia estructural en Pentalhó. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas repudió “la acción criminal que está imperando en los Altos de Chiapas”.
Expuso su versión: “Desde su trabajo como integrantes de Las Abejas Acteal y como servidor de la iglesia trabajó en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, desde esa labor había estado acompañando a comunidades que han denunciado la violencia, solicitando su cese y la búsqueda de justicia”.
Y agregó en otro apartado de su comunicado: “Exigimos a las autoridades del Gobierno del estado de Chiapas una investigación diligente”.
Durante años, el crimen organizado y el poder político selló pactos para lograr lo que se conoce como “una pax mafiosa”. Estos acuerdos tenían como objetivo que el territorio chiapaneco estuviera libre de violencia de alto impacto. En resumen, trataban de impedir que se calentara la plaza, ya que las masacres ponían en riesgo el negocio de las drogas.
Y es que a través de Chiapas –puerta de entrada en la puerta del pacífico– entra al país buena parte de los cargamentos de droga que provienen de Centro y Sudamérica. Dicha droga, así como cuantiosas cantidades de precursores químicos, llegan a Guatemala y cruzan a México por la frontera del sureste, es decir, por Chiapas, una de las zonas más porosas del país donde no existe ningún tipo de vigilancia.
Incluso, la gente tanto de Guatemala como de México puede cruzar con mercancías sin presentar ningún tipo de documento de identidad; es una zona que también tiene una amplia actividad de abigeato, pues el ganado suele ser cruzado a cualquiera de los territorios por el río Suchiate , que divide a los dos países y que es considerado uno de los más importantes para el tráfico de drogas y de personas.
En Chiapas se han afincado tres cárteles y sus redes comenzaron a reacomodarse después de las elecciones del 6 de junio, como ha ocurrido en los territorios donde ganaron los candidatos que lanzó el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
En ese territorio del sureste mexicano, por ejemplo, operan “Los Ciriles”, una célula criminal que las autoridades federales ligan con el cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cuya presencia se extiende a la zona tsotsil, particularmente en las demarcación de Pantelhó, donde fue asesinado el activista de los derechos humanos Simón Pedro Pérez.
