POR FRANCISCO TOBIAS
El señor presidente hace unos días por medio de un decreto acaba de topar los precios del gas LP, aquí en Saltillo y la región a partir del 7 de agosto el kilogramo tendrá un precio máximo de 21 pesos con 32 centavos ya con el IVA incluido, este precio, como el del resto de las otras 174 zonas en la que la comisión reguladora de energía (CRE) dividió al país, cada semana será modificado.
El argumento y muy valido del gobierno federal es que al imponer un precio máximo para este hidrocarburo se logrará proteger la economía del consumidor final, por medio de un precio adecuado. Es importante señalar que este precio máximo contempla “supuestamente” todos los costos que se generan en el proceso de la comercialización incluyendo un margen de utilidad para el vendedor final.
Este bien, es decir el gas LP, es indispensable en las viviendas, ya que se utiliza tanto para cocinar como para calentar el agua y en algunas casas hasta para secar la ropa. Su precio se ha incrementado en casi un 50% desde diciembre del 2016 a la fecha, tan sólo durante el año pasado el precio de este insumo hogareño se incrementó un 16.7% cuando la inflación sólo fue del 3.2%. Es cierto que el aumento fue desproporcional tanto con la inflación como con el incremento salarial, sin embargo, tenemos que analizar el origen de este cambio en los precios. Pues el precio del gas LP se da en el mercado mundial y México importa cerca del 80%, incluso PEMEX durante el 2020 redujo 49% la producción de este hidrocarburo, por supuesto ocasionando una mayor dependencia del extranjero y del precio que se da en el mercado mundial, el cual es cotizado en dólares norteamericanos.
Habrá consecuencias tanto para los consumidores como para los vendedores de gas LP, y es que al topar los precios se provoca un desincentivo para los vendedores ocasionando que estos decidan guardar su producto cuando el precio se incremente o bien salirse del mercado. Mientras que por el lado de los compradores estos aumentarán su demanda, pensando que será un bien que ahora podrá estar al alcance económico de más mexicanos, y aquellos que, por cuestiones de ingreso, cocinan con otro insumo, como por ejemplo leña, empezarán a adquirir gas LP para satisfacer sus necesidades. Estas acciones, las cuales son racionales, provocarán un exceso de demanda, es decir que en el mercado se querrá comprar más gas LP del que los vendedores están dispuestos a vender al precio, establecido por un decreto y no por el mercado.
El exceso de demanda tiene algunas consecuencias como la generación de escasez, la conformación de un mercado negro, además de que los excedentes tanto del vendedor como del consumidor se reducen.
La intención gubernamental es buena sin embargo en México y en cualquier economía del mundo capitalista, para poder generar beneficios económicos se requieren de políticas económicas, ya sean monetarias o fiscales, y no decretos presidenciales que al no ser políticas públicas sólo son parte de una acción populista.
Se necesitan políticas públicas, políticas que solucionen el problema de fondo y no decretos que han demostrado tanto en México como en otros países que más que solucionar un problema lo complican aún más en el mediano plazo.
Por cierto, la creación de la empresa gubernamental Gas Bienestar, sólo nos costará la creación o incremento de impuestos, pero de eso platicaremos más adelante.
