Por Pascal Beltrán del Río
Consulta ponchada
La tercera parte de quienes votaron por la coalición oficialista el 6 de junio pasado, menos de la cuarta parte de quienes dieron su sufragio a Andrés Manuel López Obrador en 2018 o la séptima parte de quienes acudieron a las urnas hace apenas dos meses…
Ése fue el tamaño de la participación en la consulta popular de ayer. Entre 6.6 y 7.2 millones de personas acudieron a votar, poco más de siete por ciento del listado nominal, de acuerdo con el conteo rápido que dio a conocer anoche el Instituto Nacional Electoral (INE).
No hay otra forma de calificar lo sucedido sino como fracaso. La consulta popular fue una figura promovida por la sociedad civil y aceptada por la clase política en la reforma electoral de 2011-2012. Ayer se estrenó, pues en ocasiones anteriores no se había logrado demostrar la validez legal de la petición o no se habían reunido las firmas suficientes.
Dicen que la primera impresión es la que cuenta. Si acaso vuelve a convocarse una consulta, el primer obstáculo que enfrentará será la dificultad de que la ciudadanía la tome con la seriedad debida, porque esta vez se permitió que cayera en el choteo.
¿Por qué? Porque la petición nunca fue más que un antojo y un acto de propaganda. México debe ser el único país democrático del mundo que haya preguntado a sus ciudadanos —a la Poncio Pilatos— si debe investigarse y eventualmente juzgarse y sancionarse a quien ha violado la ley.
Lo curioso es que esto lo haya pedido un Presidente que abogó por dar autonomía a la Fiscalía General de la República —en la que recae la persecución de los delitos federales— y que en campaña criticó a uno de sus contrincantes por ofrecer meter a la cárcel a un expresidente.
Como he relatado aquí, López Obrador calificó de “politiquería” la promesa del panista Ricardo Anaya de investigar y procesar a Enrique Peña Nieto. Lo acusó de querer ganar votos mediante una propuesta sin sustento jurídico. Sin embargo él, una vez convertido en Presidente, decidió someter el tema a votación, pese a que la inmensa mayoría de los ciudadanos no es experta en derecho penal.
Supongo que el primer objetivo de López Obrador al convocar a la consulta era mostrar que tenía el apoyo de la ciudadanía para ajustar cuentas con el pasado. La verdad es que no lo requería.
Al ser elegido hace tres años con más de 30 millones de votos —antes que él ningún candidato presidencial había llegado siquiera a los 20 millones—, quedaba claro que la gran mayoría de los mexicanos deseaba romper con el pasado.
Nadie hubiera objetado que la Fiscalía investigara a los expresidentes y los acusara por los delitos que hubieran podido cometer. ¿O acaso se necesitó una consulta para encarcelar a Rosario Robles, para extraditar a Emilio Lozoya o para abrir un proceso contra Ildefonso Guajardo?
Con la consulta, el Presidente jugó un juego muy arriesgado. Pues aunque es previsible que responsabilice al INE por la baja participación —algo difícil de sostener porque la autoridad electoral hizo lo que le correspondía por ley y lo hizo bien—, la pregunta que muchos se estarán haciendo en México y en el extranjero es si se ha menguado el apoyo popular a López Obrador y/o a si la enorme mayoría de los mexicanos le tiene sin cuidado si se castiga o no la corrupción.
La indiferencia de los votantes mexicanos hacia la consulta es una derrota incluso mayor que la que sufrió el oficialismo en la Ciudad de México y otras zonas urbanas del país el 6 de junio. Lo es porque, hace dos meses, Morena y sus aliados pudieron reponerse de aquel descalabro haciéndose de 12 de las 15 gubernaturas en juego. Sin embargo, a reserva de ver los números finales de este ejercicio, el vacío que se hizo a la petición del Presidente ocurrió a nivel nacional y fue categórico.
Aun así, la pérdida mayor será para la democracia participativa, pues la próxima vez que se quiera someter algo a consulta —incluso algo mucho más serio que la rocambolesca pregunta que apareció ayer en la boleta— el inexistente entusiasmo de este primer ejercicio será lo primero que se comente.
