Por Leo Zuckermann
Día histórico
Se terminó la impunidad política en México. El pacto de “tapaos los unos a los otros” finalmente se rompió. El mensaje es muy claro: cualquier funcionario público, hasta los del más alto nivel, puede terminar en la cárcel si cometen actos de corrupción.
Por fin tendremos un expresidente de la República detrás de las rejas después de un juicio oral y público. Ayer, en una inusual sesión de domingo, un tribunal federal, conformado por tres magistrados, declaró culpable de corrupción, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de dinero al ciudadano Enrique “N”, exjefe del Poder Ejecutivo el sexenio pasado.
No fue fácil para la Fiscalía General de la República (FGR) armar el caso y convencer a los jueces de la culpabilidad del expresidente. Pero, por fin, vimos que el Estado mexicano tiene la capacidad de investigar, recolectar pruebas y presentar mejores argumentos que la defensa del inculpado. Se trata de un paso enorme en la construcción de las instituciones de justicia. Por fin podemos decir que en México ya existen las condiciones de un auténtico Estado de derecho.
Dos testimonios y pruebas resultaron fundamentales para demostrar la culpabilidad de Enrique “N”: las de Emilio “N” y Luis “N”, ambos involucrados en el llamado caso Odebrecht y que, a la postre, se acogieron al criterio de oportunidad, es decir, aceptaron delatar a su exjefe a cambio de recibir penas menores.
Emilio “N” declaró y presentó las pruebas de cómo recibió un soborno de cien millones de pesos de la constructora brasileña Odebrecht cuando era el encargado de relaciones internaciones de la campaña de Enrique “N” a la Presidencia. Se comprobó cómo el candidato presidencial y el entonces jefe de la campaña, Luis “N”, le instruyeron entregar este dinero a asesores electorales externos.
Ya como director de Pemex, tanto el presidente, Enrique “N”, como el secretario de Hacienda, Luis “N”, le ordenaron recibir más sobornos de Odebrecht a cambio de contratos a favor de esta empresa. El dinero se repartió a algunos legisladores amigos del gobierno, fondos para financiar campañas y cuentas de algunos funcionarios, incluyendo el propio presidente, ya sea en dinero en efectivo o cuentas de testaferros
A Luis “N” no le quedó de otra más que colaborar con la Fiscalía ratificando las acusaciones de Emilio “N” y proveyendo más información del desvío de miles de millones de pesos durante el sexenio de Enrique “N”, en colusión, con empresarios amigos, para campañas electorales y la acumulación de una de las mayores fortunas del país por parte del expresidente.
El abogado Juan “N” también se acogió al criterio de oportunidad y contó la manera como estableció cuentas en paraísos fiscales, donde se depositaron millones de dólares de prestanombres de Enrique “N”. Con la sentencia de ayer, la FGR iniciará los juicios para recuperar estas cuentas multimillonarias para el erario.
Enrique “N”, desde luego, contrató a los mejores abogados de México para que lo defendieran. Hicieron de todo: desde amparar a su cliente por supuestas violaciones al debido proceso hasta desacreditar todas las pruebas de los testigos protegidos de la Fiscalía. Se apuntaron algunas victorias, pero, al final, los jueces, incluyendo el de control, le dieron más la razón a los fiscales que realizaron un trabajo jurídico del más alto nivel profesional.
Como era de esperarse, durante todo este proceso aparecieron videos de familiares y colaboradores del actual presidente recibiendo dinero ilegal. Así intentaron presionar política y mediáticamente al gobierno y la Fiscalía General de la República para que recularan en su intento de enjuiciar a Enrique “N”.
Fue tal la intimidación que, por momentos, se filtró en la prensa que la Fiscalía General de la República aceleraría el juicio para exonerar al expresidente. Por fortuna, no fue así. El gobierno actual no se echó para atrás y cumplió con la promesa de castigar a los corruptos del pasado a pesar del enorme costo político y mediático que pagó con los videos filtrados.
El hecho es que, hoy, Enrique “N” duerme en un penal federal donde estará varios años. De esta forma, el actual Presidente le ha tapado la boca a los que pensaron que no haría nada para acabar con la impunidad política en México; que, muy a su estilo, sólo lanzaría fuegos artificiales a fin de distraer a la ciudadanía, pero sin consecuencias reales para los que abusaron del poder en el pasado, enriqueciéndose a costillas de los contribuyentes. Enhorabuena: por fin una transformación real e histórica en este país.
