Por José Buendía Hegewisch
Política penal errática
La política criminal del gobierno de la 4T recuerda el proverbio bíblico “que no vea tu mano derecha lo que hace la izquierda” sobre las buenas obras de las que, se espera, luego sirvan para someter problemas anunciados. La promesa de liberación de personas encarceladas indebidamente es un propósito más que loable, pero, a la vez, omite tocar fallas graves de la justicia, como la manga ancha de la prisión preventiva, que tiene tras las rejas a casi la mitad de la población carcelaria del país. La declaración pasa en silencio sobre las distorsiones que dejó la última reforma penal de Morena y las causas del hacinamiento en prisiones, sin poner en claro la voluntad política para corregir su camino errático.
El decreto que prepara el Ejecutivo para excarcelar a quienes tengan más de 10 años en prisión sin sentencia o condenadas con pruebas de tortura, son ocasión para llamar la atención sobre las contradicciones de la política penitenciaria. Desde la reforma para ampliar la prisión oficiosa y su catálogo de delitos hace un año, la población en las cárceles aumentó a su mayor nivel desde 2016, a pesar, incluso, de la pandemia. El delito ha crecido en el actual gobierno, pero, sobre todo, el universo de procesados sin sentencia, que alcanza el 43% de las personas privadas de la libertada, a las que ahora se quiere restituir si no hay delitos graves y, así, despresurizar las prisiones. También a las que denuncian tortura, a pesar de que López Obrador niega que en su gobierno exista esa vieja práctica para fabricar culpables.
Su reciente anuncio sobre nuevas disposiciones con qué atajar el impacto negativo de la reforma en las prisiones tiene una buena intención, pero el problema volverá a presentarse si no se analizan los malos resultados de esa iniciativa que impulsó con el objetivo frustrado de cumplir con la justicia rápida y expedita. La política criminal, con la mano derecha, abre las puertas de la prisión para facilitar que entre la población más vulnerable a través de una medida cautelar y de carácter excepcional, como la prisión oficiosa, pero que puede extenderse por años o décadas. Mientras la mano izquierda presidencial se propone ajustar la sobrepoblación con otra acción extraordinaria, parecida a una amnistía, que podría beneficiar hasta a 95,000 personas sin sentencia de las poco más de 200,000 del total que hay en las cárceles.
La Secretaría de Gobernación deberá anunciar el contenido del decreto antes de las fiestas patrias, con los beneficios para esos dos supuestos y, además, para aquellas personas mayores de 75 años, para que lleven su condena en prisión domiciliaria, o que padezcan enfermedades crónico-degenerativas, sin delitos graves. Pero antes tendrá que resolver problemas legales, como el mecanismo para la excarcelación, que correspondería a la Fiscalía General, porque sólo ella puede desistirse de la acción penal en todos esos casos, bajo la esfera de su autonomía. Hasta ahora, la posición de la gran beneficiaria de la reforma penal es la gran ausente de la discusión sobre la iniciativa presidencial, ya que implica, implícitamente, reconocer el abuso de la prisión oficiosa y sus limitaciones para perseguir el delito sin apuntalar las sentencias con pruebas. Es decir, sus yerros. ¿Qué opina del decreto? ¿Está dispuesta a desistirse de la acción penal contra miles de reos?
Como reconoce el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, la procuración pronta y expedita es de las mayores asignaturas pendientes de la justicia. Reformas legales vienen y van desde 2008 con la gran transformación del modelo acusatorio o la de derechos humanos de 2011, aunque la ampliación de la prisión oficiosa camina en sentido contrario a ambas, porque contradice la presunción de inocencia y derechos básicos de inculpados, a cambio de facilitar la tarea de fiscales y jueces. Ninguna ha logrado superar las inercias, corrupción y burocratización para el acceso confiable, ágil e imparcial a la justicia para dar resultados. Ni siquiera mecanismos extraordinarios, como la Ley de Amnistia de hace un año, ha conseguido aliviar la sobrepoblación o las violaciones a derechos básicos de los reos. Sólo 5 personas han podido acceder a ella. Pero ninguna reforma ha podido romper el círculo vicioso de la política criminal que, con una mano, lleva a prisión a los más vulnerables y, con la otra, cierra la puerta al acceso a la justicia. Su camino ha sido errático.
