Por Jorge Fernández Menéndez
La crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene todos los ingredientes para convertirse en una debacle para el sistema electoral, una debacle, en buena medida, injusta y que puede terminar justificando una reforma como la que pretende la administración López Obrador, que es necesaria en el sistema, pero por otras razones y con diferentes objetivos.
El actual TEPJF está en crisis desde hace tiempo, desde que abandonó la presidencia Crescencio Pérez Carrasco. Primero fue su enfrentamiento con el INE en muchos capítulos, tanto que se suponía que lo que aprobaba el INE iba a ser sistemáticamente rechazado por el Tribunal y viceversa. Pero muy pronto en ese proceso, marcado también por los resultados electorales de 2018, el propio Tribunal se rompió. En esa ruptura debe inscribirse la obligada renuncia a la presidencia de la magistrada Janine Otálora y su reemplazo por José Luis Vargas, que habría llegado a esa posición con el respaldo del nuevo gobierno. Pero muy pronto la mayoría que había llevado a Vargas a la presidencia del Tribunal también se rompió. En esa ruptura no fueron ajenas tensiones internas y externas, incluyendo el alejamiento de Vargas de factores de poder tan decisivos para el TEPJF, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las denuncias que se presentaron en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, ignoradas en su momento, pero ratificadas días atrás por la Unidad de Inteligencia Financiera.
En los hechos, hacía tiempo que Vargas había perdido el apoyo del resto del Tribunal. En las próximas horas se tendrá que determinar el camino legal que terminará asumiendo la destitución que hicieron sus compañeros de Vargas, pero ésta parece irreversible.
Lo que complejiza las cosas es que en el proceso se involucró, una vez más, el presidente López Obrador, empeñado, erróneamente, en contar con un sistema electoral a su imagen y semejanza. En la mañanera, el Presidente descalificó al magistrado electo para reemplazar a Vargas, Reyes Rodríguez, por un supuesto tuit en el que éste lo habría insultado. El problema es que Reyes Rodríguez argumentó que ese tuit era producto del hackeo de su cuenta, por lo que había presentado en su momento, incluso, una denuncia penal ante al FGR. Pero el daño público ya estaba hecho porque el presidente López Obrador remató esa denuncia pidiendo la renuncia de todos los magistrados del TEPJF, lo que abriría una brecha constitucional que nadie sabe con certeza cómo se podrá cerrar.
Muy probablemente este tema, aunque el TEPJF es autónomo, tendrá que caer en manos de la Suprema Corte para determinar la legalidad y constitucionalidad de las acciones adoptadas respecto al reemplazo de Vargas. Y esto debe ocurrir en simultáneo con otro proceso altamente controvertido, como es la decisión del propio pleno de la Corte sobre la prolongación o no de mandato de su presidente, Arturo Zaldívar, que días atrás, al abrir el nuevo periodo de trabajos presenciales de la SCJN, recordaba los apetitos políticos existentes para limitar la propia autonomía de la Corte.
En un escenario más coherente y menos polarizado, habría posibilidades de establecer una salida política que permitiera hacer algunas de las reformas que requiere el sistema electoral, incluso con renovaciones que podrían ser parciales, del INE y del TEPJF, pero que, si no son adoptadas con un muy amplio consenso, estarán destinadas al fracaso. Es una de las consecuencias de haber llevado al país al límite de la polarización, de la ineficiencia y el desgaste sistemático de las instituciones.
LAS OTRAS MUERTES DE AYOTZINAPA
El lunes en la noche se informó que había sido asesinado en Cuernavaca, Morelos, un sujeto apodado el Bandam, considerado uno de los principales mandos del cártel de Guerreros Unidos. Era, también, un participante del secuestro de los jóvenes de Ayotzinapa, uno más de los sicarios que seguía en libertad y que termina asesinado, mientras la investigación de la fiscalía especial sigue perdiendo sustancia y sentido.
El asesinato del Bandam demuestra dos cosas. Primero, que los sicarios que participaron en los hechos de Ayotzinapa siguen operando con los mismos grupos criminales que cometieron ese crimen. Y, segundo, que, en esa misma lógica, entre los que han sido liberados por las propias autoridades y los que son asesinados, los principales protagonistas de esos hechos desaparecen, al tiempo que se crea una realidad alterna, una investigación que no está basada en hechos, sino en dichos.
