Por Fabiola Guarneros Saavedra
Mandato popular
Si usted está entre los 87.2 millones de ciudadanos que no participaron en la consulta popular, ¿podría decirme por qué no acudió a las urnas el pasado domingo? Permítame esbozar algunas posibles respuestas.
Se enteró de la consulta porque el presidente Andrés Manuel López Obrador la propuso y la defendió constantemente en sus conferencias matutinas, porque quizá escuchó la propuesta de los consejeros del INE para instalar el mayor número de casillas con el poco presupuesto que había, porque se enteró de que la Suprema Corte de Justicia cambió la redacción de la pregunta, o porque vio propaganda en los andenes del Metro y bardas con los rostros de los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. ¿Fue así?
Sin embargo, a pesar de la difusión, la información que recibió fue confusa o contradictoria. Por ejemplo, la pregunta que se imprimió en la boleta —un galimatías irrepetible— no tenía nada que ver con la que promovía Morena, el Presidente o la propaganda del Metro: enjuiciar a los expresidentes.
Otro ejemplo, la declaración del jefe del Ejecutivo del 28 de junio: “Ya fijé mi postura, yo no voy a participar, no voy a votar para que se enjuicie a los expresidentes, lo dije desde que tomé posesión, estoy pensando hacia delante. Sí es un proceso importante, yo siempre respeto a quienes dicen ‘ni perdón ni olvido’ y yo digo: perdón sí, olvido no”.
O la que hizo el 30 de julio cuando le preguntaron si votaría el 1º de agosto: “Si hay una casilla y donde voy… Aquí tengo mi credencial, en mi cartera, entonces sí. Ya expresé que yo voy a votar en contra, lo dije desde que tomé posesión”.
¿Le recordó la típica broma de “Cómo se llamó la obra”?
1er. acto. Propongo una consulta.
2º. acto. No participaré.
3er. acto. Si participo votaré en contra…
¿Cómo se llamó la obra?
La participación de sólo 7.11 por ciento de la lista nominal refleja que el interés ciudadano no tiene nada que ver con la agenda política, porque su preocupación está en su casa, con su familia, porque perdió la fuente de ingresos, crecieron las deudas, se incrementó el costo del gas y la electricidad; porque la salud es precaria, hay desabasto de medicamentos, porque le da miedo contagiarse de covid-19 y no ser atendido en un hospital o no poder tener acceso a un tanque de oxígeno; porque perdió a familiares en la pandemia, porque los hijos se quedaron sin escuela. ¿Cuál es su preocupación en este momento?
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó el pasado jueves que 3.8 millones de personas se sumaron a las filas de la pobreza entre 2018 y 2020. El número de personas en condición de pobreza pasó de 51.9 a 55.7 millones por la pérdida de ingreso a causa de la pandemia y la transición del Seguro Popular al Insabi, que redujo la cobertura en servicios de salud.
Al cancelar el Seguro Popular —que tenía 52.1 millones de beneficiarios— y crear el Instituto de Salud para el Bienestar —con 34.1 millones de afiliados— se dejó desprotegidos a 18 millones de mexicanos, según las mediciones del Coneval. Teniendo claro que los partidos no forman parte del ejercicio ciudadano de la consulta, la participación de sólo 6.6 millones manda también un mensaje a las organizaciones políticas, a sus representantes y gobernantes, sobre todo a los promotores de la consulta (léase Morena y aliados): ¿Dónde está su voto duro?
López Obrador obtuvo más de 30 millones de votos en la elección de 2018; Morena logró 17 millones en la intermedia del pasado 6 de junio, y el 1º de agosto votaron por el “Sí” 6.5 millones. El voto duro es muy frágil cuando no hay recursos para la estrategia de “movilización” o traslado de votantes a las casillas o para comprar votos.
El ciudadano que recibe las transferencias económicas de los programas sociales entendió que ese recurso federal no puede condicionarse ni cambiarse por el voto.
Ya veremos si los actores políticos entendieron el mandato popular, el significado y poder de la abstención o indiferencia.
DM
La opacidad pervierte la democracia. ¿Quién pagó la propaganda en las bardas, calles y andenes del Metro para promover la consulta para enjuiciar a los expresidentes? ¿Quién contrató y cuánto costaron los brigadistas que repartieron volantes promoviendo el “Sí” a una pregunta que no era la aprobada por la Corte? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Por qué le molesta a Morena que el INE investigue?
