Por José Buendía Hegewisch
Tribunal decapitado
La crisis en el Tribunal Electoral enseña la capacidad de destrucción de las instituciones por la personalización y el uso arbitrario del poder. Con frecuencia esa crítica se endereza a la presidencia de López Obrador, pero aplica a los magistrados de un órgano al que se dotó de autonomía precisamente para racionalizar su ejercicio y en última instancia resolver los conflictos políticos. El desprestigio y deslegitimación abonan a los cuestionamientos de la 4T y a la ruta de una nueva reforma que impulsa el gobierno sobre el aparato electoral.
Los choques a su interior desembocaron esta semana en la ruptura institucional cuando la mayoría del Pleno decidió remover a su presidente, José Luis Vargas, que se atrinchera para no dejar el cargo. La incertidumbre lo paraliza con dos cabezas. Pero la reyerta cayó esta vez, como dijera el presidente de otra crisis, como “anillo al dedo” para exponerlos a la afrenta y la confusión pública más de lo que habían logrado por sus propios méritos. Una “vergüenza la crisis en el Tribunal, que renuncien todos”, sentenció López Obrador para reivindicar una confrontación de larga data con el aparato electoral y su proyecto de reformarlo para la próxima legislatura en septiembre.
El peor camino, y en el peor momento, porque los magistrados entregan la institución al conflicto político y sucumben a la crítica presidencial sobre la “podredumbre” del poder judicial, del que forman parte. Su desarreglo es disfuncional para la Corte, que difícilmente no conocía los planes para destituir a Vargas y después ha dejado que lo tumben bajo el recurso formal de respetar su autonomía. Los límites en el Tribunal se habían traspasado hace mucho con la investigación de la FGR y la UIF a Vargas por enriquecimiento ilícito y una credibilidad declinante por su historial de fallos envueltos en la polémica.
La contienda interna, con la colaboración o no de los partidos políticos, es una carga de profundidad al trabajo del Tribunal para dar validez a los procesos electorales, como la elección del pasado 1 de julio, la impugnación en juego de los resultados en varias gubernaturas y la integración de la Cámara de Diputados. Pero incluso más nocivo es que el desprestigio diera lugar a su remplazo por meras estructuras funcionales al gobierno en turno, incluso con el beneplácito de una percepción pública persuadida de que su autonomía es una fachada para la intervención de los partidos.
Este Tribunal, y en particular su presidente, arrastra cuestionamiento de sesgos en sus fallos a favor del gobierno y su partido en casos muy controversiales como las impugnaciones a las conferencias mañaneras, la devolución al INE del proceso para retirar las candidaturas de Salgado Macedonio y Raúl Morón, y en el trámite de las denuncias contra Pío López Obrador, entre otros. Las críticas, sin embargo, acompañan desde el origen al actual Pleno cuando el Senado, con el aval de la Corte, dio como “regalo envenenado” la ampliación del periodo de cuatro magistrados, lo que permitió, entre otras cosas, que Vargas pudiera aspirar a la Presidencia. El rejuego de compromisos con partidos y magistrados de la Corte siempre ha sido un campo minado para su autonomía. El aparato electoral nunca ha logrado liberarse de la sombra de los partidos y el reparto de “cuotas” para “cuates” en la designación de magistrados o consejeros electorales.
No obstante las fallas en el modelo, la fractura en el Pleno del Tribunal parece insalvable. El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, ha tenido que levantar la voz para conminar a Vargas a hacerse a un lado, aunque carezca de facultades para intervenir en su autonomía. Ahí otro ejemplo de la situación sui generis por la pertenencia al poder judicial sin que sus decisiones estén subordinadas. ¿Es esto lo que debe cambiar con una reforma al modelo del tribunal?
Resulta paradójico que se diera autonomía al Tribunal para desmarcar a los jueces del conflicto político y hoy sea epicentro de la disputa política. En el futuro podría ser una sala más de la Corte, aunque entonces tendría que salvarse la paradoja de despojarlo de autonomía dentro de un poder que el Presidente califica de podrido. También regresar a su anterior modelo fuera del Poder Judicial como órgano federal. Pero en cualquier caso, su futuro dependerá de los equilibrios políticos para una reforma constitucional para modificar su naturaleza. Así que convendría no cerrar el caso tan rápido.
