Los daños derivados del cambio climático van más allá de las afectaciones ambientales, también impactan el desarrollo social y económico mundial si no son tratados de manera inmediata y si no se acelera la implementación del Acuerdo de París.
Iniciativa Climática de México (ICM), a 12 semanas de que se lleve a cabo la Conferencia de las Partes de la Convención en Marco del Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP 26), estará dando un seguimiento sobre las acciones que se realizan en el País y los problemas que debe atender.
La organización considera que México debe frenar de inmediato sus emisiones de efecto invernadero y comenzar con una descarbonización acelerada en sectores como el transporte y la generación de electricidad, sin embargo, no son acciones que se estén implementando.
El combate al cambio climático debe ser atendido y prioridad para los jefes de estado de las principales economías del mundo, pero en México, el Ejecutivo no ha entendido que debe coordinar un esfuerzo transversal para contribuir al mundo con la parte que corresponde a la economía mexicana.
«Persisten problemas estructurales que han impedido avanzar con la descarbonización. Aunque en el 2009 los países del G-20 se comprometieron a retirar los subsidios a los combustibles fósiles, la situación no ha cambiado significativamente.
«Tampoco se ha generado un consenso sobre la eliminación del carbón de la matriz de generación; solo cinco miembros del G-20 han definido fechas para sustituirlo y otros 13 países han establecido restricciones para su financiamiento. Para cumplir con el Acuerdo de París, todos los países, incluido México, deben retirar el uso del carbón para generar electricidad antes del 2030», expone el comunicado de ICM.
Dentro del Acuerdo de París, la meta principal es lograr el mantener la temperatura mundial por debajo de los 2 grados centígrados y, de ser posible, lograr los 1.5 grados, pero aún es necesario incrementar las metas en reducción de emisiones de los países, neutralidad de carbono al 2050, y cerrar la brecha de financiamiento climático en países que están en desarrollo.
