La ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, así como otros ex funcionarios de la institución, no incurrieron en alguna responsabilidad al dar a conocer que la actriz Kate del Castillo era investigada por reunirse con el capo Joaquín El Chapo Guzmán, cuando éste se fugó del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, el 11 de julio de 2015.
Así lo acordó el Área de Evaluación Patrimonial y Conflicto de Interés del Órgano Interno de control de la Fiscalía General de la República (FGR), el cual ordenó archivar el expediente 2020/FGR/OIC/AI/D/310.
La institución también rechazó otorgar el carácter de víctima a la actriz, acuerdo que se emitió el 30 de marzo, lo anterior consta en el recurso de queja que Kate del Castillo interpuso ante un Tribunal Colegiado, luego de que una jueza federal rechazó admitir su demanda de amparo contra la determinación de la FGR.
La Fiscalía General de la República respondió a Kate del Castillo lo siguiente:
“Esta Área de Investigaciones, Evaluación Patrimonial y Conflicto de Intereses…determina que no existen elementos para colocar a los servidores públicos adscritos en la época de los hechos denunciados en alguna de las hipótesis que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
La artista busca la calidad de víctima para obtener una reparación patrimonial por alrededor de 60 millones de dólares, porque la información de la PGR provocó que se le cancelarán proyectos y contratos en Estados Unidos.
Kate del Castillo promovió un amparo porque alegó que el acuerdo de la FGR impide que pueda ejercer de manera eficiente y completa sus derechos y prerrogativas inherentes a la calidad de víctima dentro de la investigación.
También argumentó que fue sometida a violencia institucional por parte de los funcionarios de la entonces PGR “durante el montaje y simulación de la averiguación previa” que se inició en su contra. Ahora, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa declaró fundado el recurso de queja.
Ante esta situación, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, jueza Tercero de Distrito en Materia Administrativa, dio entrada al amparo y fijó para el próximo 6 de septiembre la celebración de la audiencia constitucional donde resolverá si concede la protección de la justicia a la actriz. También definirá si la determinación de la FGR es o no violatoria de derechos humanos.
En mayo de 2017, un Tribunal Federal resolvió que la PGR no atentó contra el honor y la imagen de Kate del Castillo, ni mucho menos violó sus derechos, luego de que la dependencia federal y su ex titular Arely Gómez González hicieron alusiones en el sentido de que la actriz era investigada.
La PGR impugnó el amparo concedido a Kate del Castillo por el juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, el 11 de noviembre de 2016. Por mayoría de votos, el tribunal consideró que se encontraba “justificada la intromisión en los derechos de la vida privada y honra” de la actriz.
En su sentencia, el tribunal tomó precedentes que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que las personas públicas o notoriamente conocidas, son aquéllas que, por circunstancias sociales, familiares, artísticas, deportivas, o bien, porque ellas mismas han difundido hechos y acontecimientos de su vida privada, o cualquier otra análoga, tienen proyección o notoriedad en una comunidad y, por ende, se someten voluntariamente al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión.
