CIUDAD DE MÉXICO.- El 31 de julio de 2015 se decretó, por primera vez en el país, una alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) y fue para el Estado de México, pero pese a ello la estadística de terror sólo aumentó.
Casi un año y medio después, una de las víctimas fue Susviela Galindo, una mujer de 73 años y quien fue asesinada y abusada sexualmente dentro de su casa, en Los Reyes La Paz. El agresor fue su hijo, Abel Velasco, quien en propia voz confesó ser el feminicida. En los últimos seis años, la entidad acumula por lo menos 2 mil 314 muertas.
A esos mismos seis años de distancia, son ya 23 las entidades que cuentan con por lo menos una alerta de violencia de género contra las mujeres, por violencia feminicida, pero eso no es lo más grave, sino que pese a ello 20 mil 541 mujeres y niñas han sido asesinadas en ese periodo a lo largo y ancho de todo el país.
La alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de protección de los derechos humanos establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicado en 2007.
Con él se busca garantizar espacios seguros para ellas y que se eviten delitos más violentos producto de la violencia machista, como el feminicidio, abuso sexual, o desaparición forzada.
Para emitir una alerta es necesario seguir con un proceso estipulado en el reglamento de dicha ley, que evalúa todas las condiciones de peligro en distintos ámbitos, para que niñas y mujeres puedan ejercer sus derechos fundamentales sin violencia.
Debido a que pasaron ocho años para que por primera vez este recurso fuera puesto en marcha —ya que desde 2007 se podía hacer uso de él—, organizaciones de derechos humanos señalan que es necesaria su implementación, aunque advierten grandes vacíos en su aplicación e, incluso, en algunos casos, en la práctica no ha tenido el impacto deseado, por lo que sería ideal ser más específicos.
«Las alertas han sido fundamentales porque son un mecanismo incómodo para los gobiernos de que algo no están haciendo bien (…) no obstante, son necesarios ajustes a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que las alertas realmente funcionen y tomen en cuenta las voces de las víctimas», dice en entrevista con EL UNIVERSAL, María de la Luz Estrada, coordinadora general del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF).
«A la hora de la aplicación de la ley es donde queda un vacío impresionante ante el deber ser que está muy bien plasmado (…) el acceso a la justicia no es una verdad para las familias que han vivido casos de feminicidio o de violencia de género en general», señala Xóchitl Arzola, dirigente de la organización Mujeres en Cadena del Estado de México.
En la mayoría de los casos, las alertas están decretadas sólo para algunos municipios, no obstante, Baja California, Jalisco, Ciudad de México, Tlaxcala y Zacatecas activaron el mecanismo para todos sus territorios.
«El Estado está obligado a generar las condiciones políticas y marcos legales que ayuden a erradicar estos contextos de discriminación y violencia que al final tienen como resultados delitos graves, como feminicidios, desapariciones, violencia sexual y familiar», señala Estrada.
Números a la baja, pero violencia sube. De acuerdo con un recuento hecho por EL UNIVERSAL con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y comparando el número de víctimas mujeres de homicidio doloso y feminicidio por estado, en el año anterior a la declaratoria, los primeros 12 meses de su aplicación, y en éste último año —entre junio de 2020 y junio de 2021—, sólo han sido dos las entidades que, tras la declaración de la alerta, habrían disminuido el número de mujeres víctimas de la violencia feminicida: Sinaloa y Guerrero. Sin embargo, sobre la mesa hay otros matices.
En tierra sinaloense, donde la alerta de violencia de género se decretó para cinco de sus 18 municipios en marzo de 2017, el año previo se registraron 68 mujeres y niñas asesinadas, mientras que para este último año se contabilizaron 38. Sin embargo, organizaciones advierten que los feminicidios son más crueles.
En Guerrero, donde en junio de 2017 se decretó una alerta de violencia de género para ocho de 81 municipios. Las cifras reflejan que un año antes se registraron 329 mujeres y niñas asesinadas, y entre junio de 2020 y junio de 2021 hubo 142.
Mientras el gobierno estatal hace gala de una baja en feminicidios, en 2020 se declaró para todos los municipios de Guerrero una alerta más, esta vez por agravio comparado, ante la discriminación y la falta de servicios de salud para las mujeres.
Colectivos señalan que a la hora de clasificar homicidios sólo 8.5% se investigan como feminicidio. Además, en seis estados el número de feminicidios y homicidios dolosos se ha incrementado tras la alerta: Michoacán, Colima, San Luis Potosí, Quintana Roo, Jalisco y Estado de México.
El problema no radica en el mecanismo de la alerta, que es un camino a la solución, sino en las trabas a su implementación. Con información de corresponsales.
