Desde el 5 de julio, Ricardo Anaya, ex candidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), dejó el país a través de un vuelo privado que salió del Aeropuerto Internacional de Reynosa, Tamaulipas, informó el Instituto Nacional de Migración.
A través de un comunicado, el instituto informó que ninguna autoridad ha solicitado una alerta migratoria a nombre de Ricardo Anaya Cortés, acusado por presuntamente recibir un soborno para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Ricardo Anaya Cortés sí votó a favor de la reforma energética cuando era diputado federal en el sexenio pasado y por ello recibió un soborno de 6 millones 800 mil pesos.
En el documento se da cuenta de hechos presuntamente delictivos “que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido”.
La versión pública de la pesquisa detalla que la fiscalía ha judicializado diversos casos, como el de Ricardo Anaya, los cuales ya son del dominio público. Indica que altos funcionarios de Odebrecht Brasil, como Hilberto Mascarenhas Alves, Marcelo Odebrecht, Luis Alberto Meneses Weyll, entre otros, señalaron en actas ministeriales en dicho país, su intención de obtener, a partir de 2012, controles y contratos en operaciones sustantivas en el área petrolera mexicana.
Para ello, entregaron sobornos a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), como un primer pago por 10 millones de dólares, para garantizar el control sobre esa producción petrolera.
Más temprano, un juez federal aplazó para el próximo 4 de octubre la celebración de la audiencia donde la Fiscalía General de la República podrá imputar al panista Ricardo Anaya Cortés por haber recibido un presunto soborno de 6 millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética.
Durante la diligencia celebrada hoy, Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, determinó que está comprobado que Ricardo Anaya no ha tenido acceso a la carpeta de investigación que se judicializó en su contra, en tanto se dio un plazo de 15 días a la FGR para que entregue copia de la carpeta.
Además, el juzgador hizo la aclaración de que las audiencias por videoconferencia deben efectuarse dentro de territorio nacional. Ricardo Anaya compareció de manera “virtual”, pero por lo señalado por el juez, queda claro que no se encuentra en el país.
