CIUDAD DE MÉXICO.-Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propuso a sus colegas declarar que las mujeres mexicanas tienen el derecho constitucional a decidir la interrupción del embarazo en su etapa inicial, y, por tanto, las leyes que penalizan el aborto voluntario de manera absoluta serían inconstitucionales.
La Corte publicó ayer el proyecto del Ministro Luis María Aguilar, que el pleno discutirá este 6 de septiembre, y que propone anular el artículo 196 del Código Penal de Coahuila impugnado por la PGR en 2017, el cual sanciona con uno a tres años de cárcel a las mujeres que abortan intencionalmente en cualquier etapa del embarazo.
De ser aprobado el proyecto por mayoría de ocho votos, como es muy probable, los argumentos contenidos en esta sentencia serán obligatorios para todos los jueces del país que conozcan de estos casos, tornando inoperante en la práctica la sanción penal al aborto.
“La libertad reproductiva, en su vertiente específica del derecho a decidir, implica que no corresponde al Estado conocer o evaluar las razones para continuar o interrumpir su embarazo ya que pertenecen a la esfera de intimidad de la mujer, y que pueden ser de la más diversa índole, lo que comprende razones médicas (físicas y psicológicas), económicas, familiares, sociales, entre otras”, dice el proyecto.
Esta sería la primera vez que la Corte declararía inconstitucional la penalización del aborto, pues por razones técnicas, en casos previos no ha podido llegar a una sentencia de fondo sobre el tema.
En 2008, por ocho votos contra tres, el pleno avaló la despenalización del aborto en la Ciudad de México en las primeras 12 semanas de gestación, y el proyecto de Aguilar parte de esta base para concluir que las mujeres de todo el país deben gozar del mismo derecho.
Además del derecho a decidir, Aguilar indica que la penalización atenta contra los derechos a la igualdad de genero y a la salud.
“Este Alto Tribunal advierte que no cabe duda en que es un deber del Estado mexicano eliminar los estereotipos que puedan traducirse en violencia de género; los textos normativos, internacionales y nacionales son coincidentes en la importancia de incluir como pilar y fundamento del derecho a decidir la prerrogativa de las mujeres a no ser víctima de discriminación por género, pues, desde su individualidad le imprime una fuerza categórica de origen a la posición de las mujeres en la sociedad”, explica el proyecto.
“Es posible afirmar que es obligación del Estado de prevenir razonablemente los riesgos asociados con el embarazo y con el aborto en condiciones poco seguras, lo que, a su vez, abarca tanto una valoración adecuada, oportuna y exhaustiva de los riesgos que el proceso de gestación representa para la restauración y protección de la salud de cada persona, como el acceso pronto a los servicios de aborto que resulten necesarios para preservar la salud de la mujer embarazada”, agrega.
Además, la Corte rechazaría que el embrión o el feto sea titular de derechos humanos, pero no haría un pronunciamiento sobre el momento en el que inicia la vida humana, pues desde 2008, consideró que era un tema sobre el que existen múltiples opiniones y criterios científicos, filosóficos y religiosos que no corresponde al tribunal aclarar.
