Después de mantenerlo por años en la opacidad, la Fiscalía General de la República (FGR) accedió a entregar las copias del expediente que inició en 2017 para investigar los sobornos que recibió Emilio Lozoya por parte de directivos de Odebrecht pero quiere 1 millón 788 mil 864 pesos para abrir los documentos.
Desde enero de este año se solicitó vía transparencia a la FGR la versión digital de la investigación sobre el ex director de Pemex. Ante la negativa a revelar los datos, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) le ordenó entregar la información, pero ahora la Fiscalía exige el pago de 22 pesos por cada copia certificada de un expediente con más de 81 mil hojas.
La solicitud original pedía versiones digitales, que tienen un menor costo en relación a una copia certificada, y la petición fue realizada por la organización periodística Quinto Elemento Lab, que en 2017 reveló los videos donde los ejecutivos de Odebrecht confesaban haber sobornado al ex director de Pemex con 10.5 millones de dólares.
«Se trata de una táctica dilatoria, tanto por la cantidad de información, como por el monto que habría que pagar, ilustrando que el ánimo de la Fiscalía no es de apertura en este caso», consideró el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez.
Portavoces de la FGR declinaron comentar por qué están exigiendo el pago de copias certificadas y no ofrecen la opción de copias simples o digitales, que son más económicas. La ley de transparencia contempla que los ciudadanos elijan la modalidad bajo la cual quieren recibir la información solicitada.
Esta es la primera vez que la FGR accede a elaborar una versión pública del expediente completo después de que el INAI le forzara a modificar sus negativas previas. Desde octubre de 2018 los comisionados del INAI le han ordenado a la FGR transparentar el caso, pero la Fiscalía se amparó para no cumplir con la resolución y el expediente se ha mantenido bajo sigilo.
«Dar a conocer la información contenida en los expedientes, menoscabaría las facultades de investigación llevadas a cabo por el agente del Ministerio Público, afectando otras líneas de investigación», expuso la FGR en febrero pasado al volverse a negar a dar a conocer el expediente.
La FGR justificó que tiene en trámite amparos y recursos legales contra los fallos del INAI. Sin embargo, los comisionados confirmaron que el amparo 1386/2018 y el juicio de garantías 1581/2018, promovidos por la Fiscalía para no desclasificar los datos, fueron desechados en los tribunales desde febrero y mayo de 2020.
El comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, dijo que desde que inició la investigación de los sobornos de Odebrecht en México, el INAI ha resuelto que la información debe ser pública por tratarse de un tema de corrupción gubernamental y de interés general.
«México es el único país de Latinoamérica en el que prácticamente ha pasado muy poco o casi nada sobre el caso Odebrecht es vital que se pueda conocer la situación con la que se pudiera justificar un acuerdo bajo el principio de oportunidad (con Lozoya)», afirmó Acuña en entrevista.
Lozoya está colaborando con la FGR desde hace un año, buscando acogerse al criterio de oportunidad, un beneficio que le ayudaría a reducir su castigo si coopera con las autoridades. El ex director de Pemex ha acusado de corrupción a más de 15 políticos, como el panista Ricardo Anaya y el ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray, aunque los implicados han dicho que las acusaciones son mentiras.
El hecho de que el expediente no sea público impide conocer los avances de las pesquisas así como las evidencias aportadas por Lozoya, quien afirma que parte del dinero que recibió de Odebrecht lo entregó a legisladores para que aprobaran la reforma energética y otra parte fue para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
La solicitud de información por la que la FGR pide un pago millonario, intenta conocer detalles sobre las diligencias ministeriales, los ex funcionarios implicados, las pruebas periciales, los datos entregados por otros países, las comparecencias de testigos clave y los hallazgos recabados después de que Lozoya fuera presentado ante el juez.
Ante la pretensión de cobrar 1.7 millones de pesos, Quinto Elemento Lab solicitó la intervención del INAI para que resuelva si la FGR debe ofrecer una versión digital del expediente, correr con el costo de las copias o exceptuar el pago.
