La Suprema Corte de Justicia se encamina a despenalizar la práctica del aborto voluntario en México, por lo menos en la etapa inicial del embarazo.
Ocho ministros de la Corte se pronunciaron hoy por invalidar el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que sanciona con uno a tres años de prisión a la mujer que interrumpe voluntariamente su embarazo, así como a quienes la asisten en el proceso.
Lo anterior, por violar derechos de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su vida, el libre desarrollo de la personalidad, la salud reproductiva y sexual y la no discriminación por razones de género y condición de pobreza, entre otros.
Solo faltan tres Ministros por opinar. Una vez que se oficialice la votación, previsiblemente este martes, será la primera vez en su historia que la Corte habrá declarado inconstitucional la penalización del aborto, aún vigente en la mayoría de los Estados del país con diversas sanciones, luego de que, durante años, varios intentos han fracasado por razones técnicas.
A raíz de la reciente reforma judicial, los razonamientos de la Corte en esta sentencia que sean aprobados por al menos ocho votos serán jurisprudencia obligatoria para todos los jueces penales del país que lleguen a conocer de alguna acusación por el delito de aborto, que, en la práctica, no se presenta con frecuencia.
“Someto a su consideración la oportunidad histórica para este país y para este Tribunal Constitucional de la República de defender los derechos de la mujer y de las personas con capacidad de gestar a la libertad de decisión sobre su vida, su cuerpo y su libre elección a ser o no ser madre, sin que pese sobre ella una sanción penal, de cualquier tipo, por benigna que parezca, generándole un estereotipo de delincuente cuando no debe ser así, y propiciando con ello imposiciones, transgresiones y discriminación sobre su libertad y sus derechos”, dijo el Ministro Luis María Aguilar, al presentar su proyecto de sentencia.
Está por verse, sin embargo, si la mayoría de los ministros resolverá que la Constitución contiene un derecho específico a interrumpir el embarazo–aunque no lo mencione expresamente–, y si se adopta una postura más radical que la del proyecto, planteada por el Presidente Arturo Zaldívar.
Este Ministro pidió anular todo el capítulo sobre aborto del código de Coahuila, incluso si eso implica eliminar el tipo penal que sanciona el aborto forzado.
Según Zaldívar, existe un derecho Constitucional al aborto voluntario que la Corte debe reconocer “sin medias tintas”, cercano al inicio de la gestación, así como al aborto cuando esté en riesgo la salud de la madre, el feto sea inviable o el embarazo sea resultado de una violación, en los cuales debe poder practicarse sin restricción temporal.
“Nos corresponde como Tribunal Pleno reconocer de una vez por todas el derecho Constitucional a interrumpir el embarazo”, dijo Zaldívar, quien enfatizó que este es un delito que castiga, sobre todo, a las niñas y mujeres más pobres y olvidadas del país.
En su proyecto, Aguilar propone avalar una parte del artículo 195 del código, que define que “comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo”, pues esta definición permite mantener la sanción a otras conductas, distintas de la interrupción voluntaria.
También falta definir si la Corte incluirá en su sentencia algún parámetro sobre el periodo en el cual deberá permitirse el aborto voluntario, pues hay consenso de que debe existir una protección creciente al no nacido conforme avanza el embarazo.
Aguilar refiere en su proyecto las primeras doce semanas del embarazo, como está previsto en la Ciudad de México desde 2007, pero Alfredo Gutiérrez propuso 14 a 20 semanas, y otros ministros rechazaron que la Corte señale algún periodo concreto, ya que los Estados deben tener libertad para configurarlo.
“Despenalizar el aborto voluntario, no implica fomentar su práctica, solo conlleva no criminalizar al a mujer que así lo decida”, dijo la Ministra Yasmín Esquivel, citando reducciones en la práctica de abortos en la CDMX en años recientes.
“No debe tolerarse estigmatizar a la mujer por tomar la decisión de interrumpir el embarazo como ejercicio pleno de su dignidad humana”, agregó.
Alberto Pérez Dayan sostuvo que el Estado debe acompañar a la mujer en el periodo en el que decide sobre su embarazo, para que tenga conciencia de todas las consecuencias de la decisión de llevarlo a término o interrumpirlo.
“Equiparar al embrión con una persona titular de derechos, equipararlo solo puede hacerse, en el trasfondo, a partir de creencias que no son compartidas por todos, ni pueden ser usadas por el Estado para limitar los derechos de las personas, sin violar el carácter laico de la República, que como principio establece nuestra Constitución”, dijo la Ministra Norma Piña, quien agregó que ese delito castiga la conducta sexual de la mujer.
Como Zaldívar, Juan Luis González Alcántara rechazó avalar la definición general del artículo 195 del aborto como delito, porque a su juicio, genera estereotipos sobre la primacía del embrión sobre la gestante, falta de certeza en la población y un efecto inhibitorio entre profesionales de la salud.
POR INVALIDAR PENALIZACIÓN DEL ABORTO VOLUNTARIO
Aguilar, Esquivel, Zaldívar, Pérez Dayan, González Alcántara, Laynez, Gutiérrez, Piña
POR INVALIDAR LA DEFINICIÓN DEL TIPO PENAL DE ABORTO EN GENERAL
Zaldívar, González Alcántara
POR FIJAR O SUGERIR UN PLAZO PARA ABORTO LEGAL
Aguilar, Gutiérrez
POR NO MENCIONAR UN PLAZO ESPECÍFICO
Esquivel, González Alcántara, Pérez Dayan, Zaldívar
POR RECONOCER UN DERECHO CONSTITUCIONAL A LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO
Zaldívar, Gutiérrez
PENDIENTES DE OPINAR
Ríos-Farjat, Pardo, Franco
