Al estimar que no hay condiciones de legalidad y seguridad jurídica que garanticen un juicio justo, de último momento Carlos Treviño Medina, ex director de Pemex, decidió no presentarse a la audiencia en la que hoy iba a ser imputado de los supuestos sobornos por el contrato de la planta de Etileno XXI.
La defensa del ex funcionario entregó un escrito a Daniel Ramírez Peña, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, para informarle que no comparecerá a la audiencia inicial programada para las 16:00 horas de este martes.
En su escrito, cuestiona determinaciones judiciales que en su opinión están dictadas contra el debido proceso y argumenta que no puede asistir a la audiencia sin un fallo que aclare quién es competente para tramitar el caso, si un juez de la Ciudad de México o uno de Almoloya.
«Por tal motivo, le informo que el señor Carlos Alberto Treviño Medina no se presentará a la audiencia inicial de formulación de imputación señalada por usted para hoy a las cuatro de la tarde, pues se insiste, no están dadas las condiciones de legalidad y seguridad jurídica necesarias para que se lleve a cabo un juicio justo», dice el escrito firmado por Óscar Zamudio, abogado del imputado.
«En efecto, asistir a la audiencia implicaría, por un lado, consentir que su Señoría es legalmente competente para conocer de los hechos que se pretenden imputar a mi defendido sin esperar a que esta cuestión se resuelva legalmente».
«Esta decisión del señor Carlos Alberto Treviño Medina obedece a la necesidad de privilegiar los derechos fundamentales al debido proceso y defensa adecuada de los que es titular y así generar las condiciones, como usted debió hacerlo, para que se dirima la cuestión de incompetencia planteada ante el Maestro Marco Antonio Fuerte Tapia».
El defensor pidió al juez Ramírez no considerar su inasistencia como un desacato, ya que por ahora ésta «es la única manera de evitar la consumación de una violación procesal», que consiste en permitir que un juzgador resuelva su situación jurídica sin ser competente y sin haber contado con el tiempo necesario para preparar su defensa.
Argumenta lo anterior porque desde la semana pasada Treviño pidió atraer su causa penal a Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, al estar directamente relacionada con el proceso del panista Jorge Luis Lavalle, quien fue denunciado por Emilio Lozoya en la misma querella.
Y hasta esta tarde, Fuerte Tapia no ha resuelto si es o no competente para tramitar el procedimiento contra Treviño.
La semana pasada, el imputado también pidió al juez Daniel Ramírez suspender la audiencia de imputación y no celebrarla hasta que su homólogo de la Ciudad de México resolviera si atraía o no el caso.
Pero Ramírez no sólo rechazó la solicitud y mantuvo en pie la programación de la audiencia de este martes, sino que solicitó a la FGR que le manifestara cuáles datos de prueba iba a utilizar en la imputación, pues Treviño había cuestionado que no le habían dado acceso hasta después del primer citatorio para la audiencia judicial.
«Dar vista a la Fiscalía para que decida qué datos de prueba utilizará para la formulación de imputación es una escandalosa manera de violar el principio de contradicción y transmite a esta parte procesal un actuar parcial de su parte porque obliga al investigado a defenderse sólo con los registros que disponga la Fiscalía, cuando al haber sido proporcionados los registros de investigación a la defensa es ésta y no la Fiscalía quien debe decidir si los utiliza o no en la audiencia», agrega.
La FGR pretende imputar a Treviño por asociación delictuosa y lavado de dinero, con base en una denuncia de Emilio Lozoya, quien afirma haberlo sobornado con 4 millones de pesos por el contrato de la planta de Etileno XXI, suscrito en 2009 con Braskem, una filial de la brasileña Odebrecht.
