El Gobierno de Florida no puede prohibir que las escuelas públicas ordenen a sus alumnos usar mascarillas para protegerse del coronavirus mientras una corte de apelaciones decide si la prohibición es legal, sentenció un juez el miércoles.
El juez del condado de Leon John C. Cooper levantó una suspensión automática de su fallo la semana pasada de que el Gobernador republicano Ron DeSantis y las autoridades escolares del estado abusaron de su autoridad al imponer la prohibición por decreto y multar a las juntas escolares que desacataron la orden.
Cooper dijo que las pruebas abrumadoras presentadas en una demanda de padres de alumnos a la prohibición de DeSantis indican que las mascarillas brindan un grado de protección a los niños dentro de la escuela, sobre todo a los menores de 12 años para los cuales no existe aún una vacuna. El tema se volvió apremiante en medio de una ola reciente de casos provocados por la contagiosa y agresiva variante Delta del virus, que según las estadísticas empieza a menguar.
“No estamos en una época normal. Estamos en una pandemia”, dijo Cooper en una audiencia realizada de manera remota. “Tenemos una variante que es más infecciosa y peligrosa para los niños que la del año pasado”.
Desde que DeSantis firmó el decreto que prohíbe imponer el uso de la mascarilla, el 30 de julio, 13 juntas escolares que abarcan a más de la mitad de los 2.8 millones de estudiantes de Florida han aprobado el requisito de usarla salvo por razones médicas. Las autoridades de salud del estado han empezado a retener los sueldos de los miembros de las juntas rebeldes como forma de represalia.
A continuación, el caso va a la corte distrital de apelaciones en Tallahassee. DeSantis dijo confiar en que el fallo será a favor del estado. La decisión final podría ser de la Corte Suprema de Florida.
El argumento central del Gobernador es que bajo la nueva ley llamada Carta de Derechos de los Padres, son éstos quienes deciden si sus hijos deben usar una mascarilla en la escuela.
Al respecto, el juez Cooper dijo que la ley deja las decisiones relativas a la salud y educación de los niños en manos de los padres pese a que un organismo de Gobierno como es una junta escolar pueda demostrar que su medida es razonable.
