Sin aumentar impuestos o crear nuevos, lo propuesto por la Secretaría de Hacienda (SHCP) en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2022 apunta a una mayor recaudación a través de la simplificación del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, pero también al combate de prácticas abusivas.
De acuerdo con Óscar Márquez, fiscalista y socio del despacho Calvo Nicolau y Márquez Cristerna, tal como estaba anticipado, las reformas planteadas dan certidumbre a los empresarios porque no hay impuestos adicionales ni se elevan tasas, pero hay medidas que buscan combatir prácticas abusivas.
Entre éstas se destacan la aclaración de cómo deberá calcularse la ganancia de la enajenación de la nuda propiedad de un bien, así como aclaraciones sobre el PTU y el cálculo de la utilidad.
También se dan especificaciones sobre el cálculo de las deducciones en el caso de corporaciones sujetas a un Régimen Fiscal Preferente.
«Teniendo en cuenta que las reglas relacionadas con el ajuste inflacionario y con los efectos cambiarios referidos al peso mexicano nunca han estado dirigidas a los ingresos obtenidos en el extranjero en un régimen fiscal preferente, motivo por el cual, tales reglas no deben tomarse en cuenta al momento de determinar el Impuesto Sobre la Renta mexicano, para efectos de la comparación con el impuesto efectivamente pagado en México», señala la iniciativa.
Uno de los cambios más grandes es la propuesta de creación del nuevo Régimen Simplificado de Confianza, que propone tasas impositivas mínimas que se aplicarían de manera progresiva según los ingresos del contribuyente.
Se consideran incluso casos de tasas de uno por ciento para personas físicas cuyos ingresos anuales no superen 300 mil pesos.
Proponen eliminar el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos contribuyentes serían trasladados al nuevo régimen de confianza.
En el caso de personas morales, se propone adherir al nuevo régimen aquellos con ingresos que no rebasen los 35 millones de pesos anuales y se les permitiría acumular ingresos y deducir las erogaciones hasta que éstos efectivamente se perciban y se paguen, con el fin de apegarse a los flujos de efectivo de los contribuyentes.
Para Márquez, el nuevo régimen es más eficaz desde el punto de vista de las finanzas públicas porque desde el año uno se prevé que el contribuyente pague impuestos de manera inmediata.
Además, dijo, lo libera de la obligación de llevar una contabilidad, ya que el SAT ofrece las declaraciones prellenadas con lo que la carga administrativa es mínima.
Destacó que la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar leyes de impuestos, también contempla el regreso del dictaminador fiscal obligatorio, que obligará a empresas con determinados ingresos a contratar un contador auditor.
«El SAT indirectamente hace revisiones (de las empresas) sin incurrir en el costo, es una manera donde se da lugar a una cierta fiscalización», dijo.
