Por José Buendía Hegewisch
La batalla contra el aborto
Las reacciones a la despenalización del aborto serán un buen test de los signos vitales de los grupos más conservadores, en un momento en que los fantasmas de los radicalismos agitan la política. La batalla dejará ver la fuerza para obstruir un tema que ha sido la bandera de la resistencia y moneda de cambio en los congresos estatales. Pero también será un espejo de los cambios en la percepción de la sociedad mexicana sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como del avance de la diversidad sexual.
Porque el fallo histórico de la Corte sobre la inconstitucionalidad de criminalizar a las mujeres por abortar, sobre todo, cambia los términos del litigio judicial y legislativo que han marcado los avances, frenos y retrocesos de este derecho en los últimos 20 años. En casi todos los estados sigue siendo ilegal, aunque el fallo deja poco margen a la estrategia de obstrucción en los congresos locales. Éstos han sido el teatro de operaciones de los grupos provida desde la despenalización en la CDMX en 2007, pero ante el inesperado revés salen a buscar al clero católico para una defensa que hoy se ve muy cuesta arriba contra esta reivindicación histórica de las mujeres.
La Iglesia católica entra a medir fuerzas en un tema en que la opinión no es absoluta, pero en el que la gran mayoría de la sociedad apoya el derecho a decidir de las mujeres y menos de 10% lo reprueba, y en la que también avanzan libertades estigmatizadas como matrimonio igualitario. En esos terrenos de mayor tolerancia y protagonismo político de las mujeres, la Conferencia del Episcopado convoca el próximo 3 de octubre una marcha multitudinaria “por la mujer y por la vida” para protestar contra la Corte y, en particular, visibilizar los costos para los políticos de seguir a los jueces.
El primer objetivo de la movilización es acercar el fuego de la protesta a Palacio Nacional para comprometer a López Obrador en una polémica de la que huye para evitar el “desgaste” a su popularidad. El fallo implica reformas a los códigos penales estatales, donde se podrá medir el peso del statu quo para no caer en vacíos legales o en una ilusión jurídica. Por eso el horizonte de la despenalización en todo el país aún es lejano, aunque ahora Morena controla más de la mitad de congresos locales y ya no tiene la presión de los más radicales de su coalición con la desaparición del PES como partido político.
Hay dos aspectos en que sus detractores tienen puesta la mirada. Si bien el fallo implica que los jueces no podrán penalizar a una mujer que aborte, las constituciones estatales dicen que fiscales y policías pueden remitirla formalmente al Ministerio Público. Hasta ahora sólo en cuatro entidades está despenalizado el aborto (Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo) y en los 28 restantes sólo se permite en algunas causales como violación o viabilidad del feto. Y en segundo lugar, el fallo reclama la implementación de siete políticas públicas sin las cuales se afectará significativamente los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, que ya han sido duramente golpeadas por la austeridad republicana del gobierno.
La despenalización seguirá siendo tema de litigio estado por estado. Aunque esta vez el fallo de la Corte cierra el espacio a la libertad de configuración legislativa a la que recurrieron los grupos provida en los estados para atajar su marcha con la prohibición en las constituciones locales. A falta de un código penal nacional, ese criterio también permitió que se sostuviera la Ley Robles en 2002 y en 2007 en la capital del país dejara de considerarlo delito. Un arma de doble filo, pero que hoy ya no corta.
El fondo del debate por eliminar la prohibición absoluta del aborto ha sido la pista en que corrió el activismo de las mujeres las últimas dos décadas hasta conseguir que la Corte lo reconociera. En ese camino creció su protagonismo político y el peso de su perspectiva en la sociedad. En el litigio han cambio el equilibrio de fuerzas en los congresos y sumado voces contra el freno de sus derechos. Ante ese tamaño de desafio se enfrenta ahora la reacción de los grupos más conservadores cada día menos visibles aunque agiten el temor de su radicalización.
