Por Fabiola Guarneros Saavedra
Reciprocidad
“Estamos suplicando que nos dejen salir de Tapachula, nos están matando de hambre. Los de migración nos maltratan, nos golpean y no nos han ayudado con nada”. Es el testimonio de Juliana Exime, una haitiana de 30 años que ha pedido refugio en México.
*Luz tiene 15 años. Ella es una joven haitiana que pasó la noche, junto con su familia, en la sala de espera de la central de autobuses del puerto de Veracruz. Tiene miedo. “Ha sido muy difícil dormir en la calle (…) Quiero tener qué comer, quiero paz”, dice.
*La madrugada del 14 de septiembre, tres camionetas con hombres armados llegaron al hotel Sol y Luna (Matehuala, San Luis Potosí) y secuestraron a 38 personas, principalmente migrantes haitianos, cubanos y venezolanos. En ese grupo había tres menores de edad, una mujer embarazada y 16 mexicanos. Fueron localizados y rescatados en la comunidad de Cerrito Blanco.
*“Así estamos hoy lunes 16 de agosto 2021. En Casa Migrante Belén, el Ceibo, atendiendo con alimentación a personas expulsadas de México. De nacionalidad hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas y nicaragüenses”, se lee en un post de Facebook de la organización.
*Desde el 22 de agosto al 12 de septiembre, el gobierno de México ha expulsado a 6 mil 360 centroamericanos. Los migrantes han sido trasladados a Tapachula, Chiapas; a Villahermosa o Tenosique, en Tabasco, o dejados en la selva cerca de El Ceibo, Guatemala.
Autoridades migratorias de Guatemala denunciaron que las primeras deportaciones se hicieron sin dar aviso y los migrantes fueron abandonados en la zona selvática y sin dinero.
Human Rights Watch advirtió que “abandonar a familias vulnerables en una zona remota de la selva guatemalteca, sin dinero, alimentos ni albergue e ignorando sus solicitudes de asilo, evidencia nuevamente la falta de preocupación por los derechos humanos” (Excélsior 14/09/2021).
*Ahora que México —como impulsor de una agenda ambiciosa y anfitrión de la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños— decidió retomar el liderazgo en América Latina y el Caribe está obligado a revisar y enmendar su política migratoria. Los países de la Celac esperan reciprocidad.
La pobreza, el hambre y la violencia que persiguen a la región y que obligan a los pobladores a huir y a abandonar sus lugares de origen deben dejar de ser banderas políticas, temas de discursos demagógicos, para convertirse en prioridades de cada gobierno.
Urgen las acciones coordinadas de los países que abandonan y expulsan a su gente, pero también una revisión autocrítica de sus formas de gobierno y de sus compromisos con el respeto a los derechos humanos: Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Cuba, Haití, Venezuela, México. ¿Cuáles son los planes de desarrollo económico para la región? ¿En cuánto tiempo se pondrán en marcha? ¿Con cuánto presupuesto? ¿Cuál es el plan integral para atender y detener la migración? ¿Cómo combatirán al crimen organizado?
En una declaración política conjunta firmada el 1 de diciembre de 2018, los presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México solicitaron a la Cepal diseñar el Plan de Desarrollo Integral para enfrentar las causas estructurales de la migración en esos cuatro países. La propuesta fue entregada el viernes e involucra a 20 agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas que operan en América Latina y el Caribe. Busca cambiar la narrativa de la migración vinculándola al desarrollo sostenible y la paz, reconoce la dignidad de la persona migrante, sus derechos humanos y su seguridad. Además, propone entender el ciclo migratorio desde el origen, tránsito, destino y retorno.
“Ya es momento de una nueva convivencia entre todos los países de América…”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 24 de julio. Y para que esa intención se haga realidad se puede empezar con la migración. No hagamos con hondureños, haitianos, salvadoreños, cubanos o venezolanos lo que Estados Unidos hace con los mexicanos: encerrarlos, separarlos de sus familias, expulsarlos y abandonarlos en las peores condiciones, enfermos y sin dinero. No neguemos que son botín del crimen organizado que secuestra, extorsiona o asesina.
Ignorar la situación en la que se encuentran las estaciones migratorias, albergues, casas o refugios de migrantes no desaparece el problema. Habrá que dar respuesta pronta a las solicitudes de asilo o refugio, como se hizo con los 390 ciudadanos afganos que fueron recibidos en México por “razones humanitarias”.
