En un hecho inusual, un juez federal instruyó a la Fiscalía General de la República investigar al abogado del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, por no haber presentado a su cliente a una audiencia en la que iba a ser imputado por el caso de la planta de Etileno XXI.
Daniel Ramírez Peña, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, dio vista a la FGR para que iniciara una carpeta de investigación contra Óscar Zamudio Campos por el supuesto delito de «abandono de defensa», luego de que su defendido no compareciera el 7 de septiembre a la audiencia inicial.
Además, le impuso una multa al litigante y ordenó privarlo del acceso al expediente electrónico del caso, decisión que tomó el juzgador después de ordenar la aprehensión de Treviño, precisamente por no acudir a la citada diligencia.
«En audiencia de 7 de septiembre del año en curso, ante la inasistencia del defensor particular del ahora quejoso, licenciado Oscar Augusto Zamudio Campos, hice efectivo el apercibimiento decretado en auto de 3 de septiembre anterior y, por consecuencia, di vista a la FGR para que integrara en contra del abogado la carpeta de investigación respectiva por el abandono de defensa», dice el juez Ramírez, en un informe previo enviado el pasado 22 de octubre a un juzgado de amparo.
Al menos en un asunto relevante, nunca antes un abogado había sido denunciado por un juez federal ante la FGR por no llevar a su cliente a una audiencia en la que iba a ser imputado.
En entrevista, Óscar Zamudio dijo que el juez sustituyó las facultades de la FGR y violó su presunción de inocencia, porque en lugar de darle vista a la Fiscalía para valorar si iniciaba una investigación en su contra, le ordenó en forma directa que lo indagara.
«El juez no puede decidir cómo se plantea la estrategia de una defensa, por más que quiera obligarnos a asistir. Es una decisión que corresponde exclusivamente a la defensa que, si nota cómo se están dando las cosas, está obligado a proteger la libertad de su cliente», dijo el defensor.
«Esto se advierte violatorio del derecho a la presunción de inocencia y de las facultades que corresponden únicamente al Ministerio Público, en términos del artículo 21 de la Constitución. El juez sancionó que no nos presentamos a la audiencia, cuando ello es una decisión que corresponde únicamente a la defensa y no a él, y en su enojo autoritario, decidió ordenar que se iniciara una carpeta de investigación contra un abogado defensor por no hacer lo que él dice».
La imputación contra Treviño se basa esencialmente en los dichos de Emilio Lozoya, tanto en la denuncia que presentó el 11 de agosto de 2020 ante la FGR como en su ampliación de declaración ministerial del pasado 16 de julio.
Preso desde el miércoles en el Reclusorio Norte, Lozoya afirma haber sobornado a Treviño con 4 millones de pesos por el contrato de la planta de Etileno XXI, suscrito en 2009 con Braskem, una filial de Odebrect.
La orden del juez para indagar a su abogado tiene su origen en la petición que éste hizo para diferir la audiencia del 7 de septiembre.
Días antes de llevarse a cabo, el abogado pidió por escrito a Marco Antonio Fuerte Tapia, juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, asumir la competencia del caso en lugar de su homólogo de Almoloya, porque aquí se instruye el proceso de Jorge Luis Lavalle, también imputado por Lozoya, al igual que Treviño.
El 1 de septiembre, Zamudio comunicó a Ramírez Peña que había hecho esta solicitud a Fuerte Tapia y por ello le pidió suspender la audiencia de imputación, hasta que este último decidiera si atraía la causa penal, señalan documentos judiciales.
El defensor también le expuso que el expediente contra Treviño tenía deficiencias, en traducciones, audios de las constancias, archivos y discos que la integraban, además de que no se habían agregado acuses de recibo de escritos que había presentado su cliente.
Pero el 2 de septiembre, cinco días antes de la audiencia, Ramírez rechazó la petición argumentando que no tenía noticia de que Fuerte Tapia hubiese dictado una resolución y, por lo tanto, debía presentarse Treviño para afrontar la imputación.
El juzgador también dio vista a la FGR para que manifestara si las anomalías indicadas en el expediente eran o no errores e incluso si los utilizaría para formular imputación.
El día en que estaba programada la audiencia, el litigante envió un nuevo escrito al juez, para informarle que no iba a presentar a su cliente, al no haber las condiciones de legalidad y seguridad jurídica.
«Dar vista a la Fiscalía para que decida qué datos de prueba utilizará para la formulación de imputación es una escandalosa manera de violar el principio de contradicción y transmite a esta parte procesal un actuar parcial de su parte», cuestionó en su escrito.
Ramírez le informó a Fuerte Tapia que había declarado abandonada la defensa, y por ello este último desechó la solicitud para asumir la competencia del caso. Fuerte, sin embargo, después volvió a reconocer a Zamudio como el defensor de Treviño.
