CIUDAD DE MÉXICO.-A tres años de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a descentralizar Secretarías de Estado, organismos y empresas productivas, sólo tres instituciones han concretado su reubicación física y ocho ya cuentan con sedes en diferentes estados del País, pero ninguna despacha en su totalidad en ellas.
De acuerdo con el Gobierno federal, fue la pandemia por Covid-19 la que retrasó el cumplimiento de la propuesta que López Obrador hizo desde 2017, cuando aún era el líder nacional de Morena y que ratificó como un compromiso en diciembre de 2018, ya como Presidente de la República.
Pero la descentralización ha avanzado a paso lento en los últimos tres años también por factores como la inconformidad de los trabajadores y de sus sindicatos, la falta de edificios disponibles y de presupuesto para adaptarlos y, en algunos casos, por el cambio de los titulares de las instituciones.
De las 13 Secretarías de Estado que el Presidente propuso mudar a diferentes entidades del País, ocho ya cuentan con nuevas sedes, pero ninguna ha logrado concretar el proceso de descentralización y cinco más ni siquiera cuentan con instalaciones para iniciar su mudanza.
Sólo la Subsecretaría de Minería ha concretado su traslado a la capital de Chihuahua, en donde ya despacha su titular.
Lo anterior, como parte del proceso de descentralización de la Secretaría de Economía, cuya sede en Monterrey, fue inaugurada el 16 de agosto pasado por su titular, Tatiana Clouthier.
Entre las Secretarías que aún no cuentan con sede en los estados que les fueron asignados se encuentran las de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Educación Pública (SEP), de la Función Pública (SFP), de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Trabajo y Previsión Social (STPS).
Las que ya cuentan con nueva sede, pero mantienen en funcionamiento sus instalaciones en la Ciudad de México son las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), de Bienestar (Sebien), de Cultura, de Energía (Sener), de Economía (SE), de Salud (SSA), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Turismo (Sectur).
Grupo REFORMA revisó el avance de 11 organismos descentralizados y empresas productivas del Estado. El resultado señala que sólo tres ya cuentan con los edificios que ocuparán, pero mantienen operando sus sedes originales, seis más no han iniciado su traslado debido a que no cuentan con espacios y sólo dos han logrado concretar su traslado físico.
Entre las instituciones que no cuentan con espacios físicos para mudarse se encuentran la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Deporte (Conade), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Agencia Nacional de Aduanas, antes Administración General de Aduanas.
Quedan a deber
En noviembre de 2017, López Obrador, entonces presidente nacional de Morena, propuso el traslado de las dependencias federales a otros estados, con el objetivo de promover el desarrollo en todo el País.
Un año después, ya como Presidente de la República, enumeró 100 compromisos de Gobierno, entre los que ratificó el traslado de las Secretarías federales, organismos descentralizados y empresas productivas del Estado a diversas entidades.
Sólo las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), de Gobernación (Segob) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se quedarían en la Ciudad de México por razones de seguridad nacional.
En 2019, el Mandatario federal reconoció que el avance no había sido el esperado, pero aseguró que a finales de 2020, la descentralización administrativa tendría un avance del 50 por ciento.
Sin embargo, en septiembre de 2021, en el marco de su Tercer Informe de Gobierno, reconoció que de los 100 compromisos realizados al inicio de su Administración, sólo dos continuaban pendientes y uno de ellos era el traslado de las instituciones federales.
“De los 100 compromisos que hice en el Zócalo el 1 de diciembre de 2018 al tomar posesión, hemos cumplido con la gran mayoría, 98 de 100 compromisos, sólo tenemos pendientes dos: descentralizar el Gobierno federal y conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y en eso estamos”, afirmó.
A paso lento
El Presidente ha reconocido que la pandemia por Covid-19 retrasó la descentralización administrativa, toda vez que muchas de las dependencias tuvieron que quedarse en la capital del País para atender la crisis sanitaria.
Pero esa no es la única razón por la que dicho proceso ha avanzado a paso lento. Hasta ahora, la mayoría de las instituciones involucradas no han logrado concretar el traslado de sus empleados y, por el contrario, muchas de ellas se han enfrentado a la inconformidad de éstos y de los sindicatos que los representan.
Por ejemplo, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que la dependencia a su cargo inició su traslado al puerto de Acapulco, el 3 de octubre pasado, pero de manera inicial se reubicarían sólo 100 empleados de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y de las unidades de Análisis Económico y de Administración y Finanzas.
Será hasta enero de 2022 cuando se sumarán alrededor de 300 trabajadores más de la Secretaría, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).
Alcocer reconoció que, de acuerdo con una encuesta a 4 mil 600 empleados de la institución, 80 por ciento rechazaba mudar su residencia, aun cuando la oferta del Gobierno federal es entregar apoyos para vivienda, brindar atención médica, seguridad social y garantizar el acceso a la educación de los hijos de quienes accedan a trasladarse.
Otras razones que han retrasado el cumplimiento de la promesa del Presidente son la falta de edificios y de presupuesto para adaptarlos, e incluso problemas legales para hacer uso de ellos.
En abril de 2019, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, anunció el inicio formal del proceso de traslado a Chetumal, Quintana Roo, con el arribo de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística a unas oficinas alternas.
A más de dos años de distancia, la dependencia federal no ha podido mudarse, debido a que ha enfrentado problemas legales y presupuestales para hacer uso del edificio conocido como la Megaescultura, el cual se localiza en la Bahía de Chetumal.
Fue hasta octubre del año pasado cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó al Gobierno de Quintana Roo el uso del terreno que ocupa el inmueble, una obra originalmente pensada como atracción turística y cultural, cuya construcción inició en 2004, durante el sexenio de Joaquín Hendricks, y continuó hasta la Administración de Roberto Borge, pero que quedó inconclusa.
Aunque ya está lista la autorización para el uso del inmueble, la Sectur no ha podido ocuparlo debido a que se encuentra a la espera de los recursos necesarios para adaptarlo a su nuevo objetivo.
A situaciones como la de Sectur se suman las complicaciones que han enfrentado algunas instituciones para encontrar espacios físicos con las dimensiones y características necesarias para albergarlas.
En febrero de 2020, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que había concretado su mudanza a la ciudad de Xalapa.
No obstante, confirmó que sólo se trasladaría personal del cuerpo directivo y de áreas sustantivas, debido a que la sede que desde entonces comparte con la gerencia regional Golfo Centro de organismo, no cuenta con espacio suficiente para albergar a la totalidad de la plantilla laboral.
La entonces titular del organismo, Blanca Jiménez, confirmó que en las instalaciones de la Ciudad de México continuaría laborando el resto del personal de la institución, que en total suman más de dos mil personas.
Mención aparte merece la Semarnat. La dependencia ya cuenta con nuevas instalaciones en Mérida, a pesar de que en 2014 compró el inmueble que actualmente ocupa en Ejército Nacional 223, Colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
El edificio fue adquirido a un plazo de 20 años bajo la modalidad de arrendamiento financiero, a un costo superior a los 2 mil 484 millones de pesos.
En otros casos, el proceso de descentralización se ha enfrentado a la inconformidad de los titulares de las instituciones o ha quedado detenido por el cambio de éstos.
En agosto de 2018, Ana Gabriela Guevara, quien para entonces ya había sido invitada por el Presidente para dirigir la Comisión Nacional del Deporte (Conade), se manifestó públicamente en contra del traslado a Aguascalientes, argumentando que no sería conveniente para la dinámica de la institución; desde entonces el proceso no ha mostrado avances.
En el caso de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuru, ha declarado que tras la salida del anterior titular de la institución, León Jorge Castaños, el proceso de traslado ha quedado detenido y actualmente se desconoce si, efectivamente, el estado será su nueva sede.
“Conafor estaba en el compromiso de que se instalara en Durango; como saben, hubo un cambio de titular, era un duranguense el anterior, con quien teníamos un trato cordial y de colaboración (…) Durango levantará la mano para decir que se quede una institución, ya sea Conafor u otra institución, pero Conafor tiene sentido, porque somos el estado que tiene mayor potencial y reserva forestal”, dijo el 13 de octubre pasado.
Hasta ahora, de las 25 instituciones analizadas, 11 ni siquiera cuentan con espacios físicos disponibles para su mudanza a las entidades que les fueron asignadas.
Por ejemplo, estaba previsto que en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la CFE ocupara el edificio Plaza de las Instituciones, también conocido como “Cabeza Maya”, pero el Congreso local no ha aprobado la iniciativa que permitiría al Gobierno local donarle el inmueble a la empresas productiva del Estado.
Otro caso es el de la Secretaría de Educación Pública que aún no cuenta con un edificio para mudarse al estado de Puebla, a pesar de que en septiembre de 2020, el Presidente apresuró a su entonces titular, Esteban Moctezuma, para que el proceso se concretara antes del centenario de la fundación de la dependencia, el 3 de octubre pasado.
Actualmente ni siquiera hay claridad respecto al lugar en el que se ubicaría la nueva sede, ya que se han mencionado como posibilidades Ciudad Modelo, el municipio de Huejotzingo o el centro de la capital poblana.
Hasta ahora, sólo tres instituciones han concretado su traslado físico. Se trata de la Subsecretaría de Minería, que se mudó a la capital de Chihuahua, Segalmex, que ya despacha desde el estado de Zacatecas y Conapesca, que hace lo propio desde Mazatlán, Sinaloa.
