Santiago Nieto ha dejado sus dos últimos cargos públicos como un ave de tempestades.
En el 2017 salió de la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) con la amenaza de ir a la cárcel por al menos seis investigaciones en su contra y tras denuncias de Emilio Lozoya y del Partido Verde, por violación al sigilo de las investigaciones que llevaba a cabo.
Anoche renunció a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego de que se revelara que el fin de semana contrajo matrimonio con la consejera electoral Carla Humphrey, en un lujoso hotel de Antigua, Guatemala, y tras la retención de algunos de sus invitados por transportar 35 mil dólares en efectivo un vuelo privado.
De 48 años de edad y originario de San Juan del Río, Nieto es abogado por la Universidad Autónoma de Querétaro e inició su carrera en el servicio público como asesor jurídico en el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el DF y luego en el Consejo General del IFE de 1997 a 2000, con el consejero Jaime Cárdenas.
Más tarde, colaboró con la Contadora Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del DF del 2000 al 2003 y en los siguientes cuatro años laboró como secretario Técnico en la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Instituto de la Judicatura Federal.
También fue secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante y en 2008 fue designado por el Senado de la República como Magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del PJF.
Apunta alto
El Senado de la República lo designó titular de la FEPADE el 19 de febrero de 2015, un cargo en el que cobró notoriedad por apuntar alto a la hora de elegir a los personajes contra los que ejercería la acción penal.
Nueve meses después de haber llegado a la FEPADE, Nieto pidió la orden de aprehensión contra el entonces subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar, por la firma de un contrato de 2.3 millones de pesos para la distribución de 10 mil tarjetas Premia Platino durante la campaña del Partido Verde en ese año.
La juez federal Rosa María Cervantes negó la orden de captura, rechazando aplicar la nueva ley electoral y declarando como inconstitucional el delito imputado. Pero Escobar renunció a la Segob.
En respuesta, el senador Pablo Escudero denunció al Fiscal por violar la confidencialidad de la averiguación previa, dado que informó de la solicitud de captura, y el principio de presunción de inocencia.
Dos años más tarde, en octubre de 2017, Nieto dijo a REFORMA que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, le había enviado una carta para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012.
«Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en dónde estudió. Nunca entendí esta parte», dijo en aquella ocasión.
«Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que ‘soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar’. Esto es lo que me parecía particularmente grave».
Enseguida, Lozoya presentó dos denuncias contra Nieto por violar la Ley de Amparo y abuso de funciones.
Casi en forma simultánea, el 20 de octubre de ese año Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en funciones de Procurador, removió al titular de la FEPADE «por faltar al código de conducta de la PGR».
Aunque trató de impugnar la remoción, el ex Fiscal luego se desistió del intento y acusó haber sido objeto de amenazas. Así se despidió de la FEPADE, 13 meses antes de que concluyera el mandato que le había sido encomendado.
Con la 4T
En mayo de 2018, invitado por el equipo de Marcelo Ebrard, Nieto se sumó a la campaña del futuro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 1 de diciembre de 2018 lo designó titular de la UIF.
En ese cargo, se convirtió en uno de los funcionarios más poderosos de esta administración, librando batallas en las que hasta ayer había salido avante. Fue el verdugo de figuras públicas que el presidente juzgaba como emblemáticas del «antiguo régimen».
Nieto fue el responsable de que Eduardo Medina Mora renunciara al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que la UIF le bloqueara las cuentas por unas horas a él y su familia.
La misma operación empleó para obligar a dimitir a Carlos Romero Deschamps como líder del Sindicato Petrolero y también contra el mismo Lozoya, a cuya familia bloqueó la cuentas bancarias.
Sin inmovilizarles las cuentas, también se querelló contra el último responsable de la PGR en el sexenio pasado, Alberto Elías Beltrán, quien lo acusó de tomar venganza por haberlo despedido de la FEPADE.
Denunció también al entonces presidente del Tribunal Electoral del PJF, José Luis Vargas, y a Édgar Elías Azar, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.
Las diferencias
Es justamente en la FGR donde Nieto empezó a tener complicaciones. Lo que primero era un secreto a voces, luego trascendió al público por voz de los protagonistas.
Cuando Nieto empezó a reprochar a la FGR la falta de resultados en las investigaciones por lavado de dinero, iniciadas por querellas de la UIF, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía, reviró que sus denuncias carecían de pruebas y sustento.
Rompieron lanzas e incluso se cancelaron unas reuniones periódicas que ambas dependencias sostenían para darle seguimiento a los casos conjuntos.
Durante la gestión de Nieto, la UIF tuvo un inconveniente que nunca pudo quitarse de encima: la jurisprudencia que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, precisamente por un proyecto de Medina Mora, que sólo autoriza los bloqueos de cuentas bancarias de dicha unidad por pedido de una autoridad extranjera.
Y pese a ese obstáculo, la UIF presumió números sin precedentes a lo largo de esta administración. Apenas en mayo pasado anunció que llevaba 21 mil 375 cuentas congeladas con más de 4 mil millones de pesos, la cifra más alta en casi dos décadas.
Nieto renunció ayer tras el escándalo de su boda y de los 35 mil dólares en efectivo que transportaban algunos de sus invitados.
Pero también dejó el cargo, cuando ya habían cambiado el panorama político y sus aliados. Ya se habían ido los titulares de la Segob, la Consejería Jurídica y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con quienes interactuaba frecuentemente antes de lanzarse contra cualquier objetivo.
