Un juez federal dictó la prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados, al estimar que no existe otra medida cautelar que le puedan imponer al estar ya privado de la libertad.
Artemio Zúñiga Mendoza, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, modificó las medidas cautelares que tenía impuestas en esta causa penal por pedido de la Fiscalía General de la República.
«Se impone la prisión preventiva justificada por lo que hace a este asunto, porque en el otro asunto (caso Odebrecht) ya la tiene, por lógica no hay otra que pueda imponerse», dijo el juez de control.
La audiencia de este miércoles fue convocada por solicitud de la defensa para revocar las medidas cautelares previas, en virtud de que eran materialmente imposibles de cumplir, ya que -por ejemplo- Lozoya ya no podía seguir firmando periódicamente al estar preso.
Pero en la diligencia, los fiscales federales pidieron la modificación de las medidas previas e imponerle la prisión preventiva justificada.
La FGR argumentó que prevalecía el riesgo de fuga porque carecía de arraigo en la Ciudad de México, contar con los recursos y redes de apoyo para evadirse de la justicia.
Sobre esto último, el fiscal Antonio Domínguez Zavaleta dijo que Lozoya tenía como amigo al ex Presidente Enrique Peña Nieto y al empresario Alonso Ancira Elizondo, quienes eventualmente podrían auxiliarlo.
«Sobre Enrique Peña Nieto, ninguno más denunciado por Lozoya que el señor ex Presidente de la República, ese es un argumento que no se puede utilizar en medida alguna», reviró durante su intervención Miguel Ontiveros Alonso, abogado del procesado.
La Fiscalía también dio a conocer que Lozoya presentó un recurso de apelación contra la prisión preventiva justificada que le dictaron la semana pasada en el proceso por el caso Odebrecht.
Pero empleó este argumento para justificar que, si el tribunal revoca la medida cautelar, el ex funcionario quedaría libre y se daría a la fuga.
Durante la audiencia, la defensa planteó su propuesta para llegar a un acuerdo reparatorio en este proceso por lavado de dinero e incluso trató de entregarle a Dayrén Zambrano Martínez, representante de Pemex Logística, las escrituras de la casa de Lozoya en Lomas de Bezares.
Sin embargo, la servidora rechazó admitirle las escrituras porque dijo que debió ofrecerlas previo a la audiencia.
Lozoya compareció esta tarde vestido con una sudadera de algodón y un pantalón sport de marca de color caqui, el color oficial de los uniformes de los reos. Traía unos tenis azules.
Siempre se mantuvo tranquilo durante la diligencia, tomando anotaciones en hojas blancas.
A un costado de sus anotaciones tenía un libro en inglés, The Silk Roads, de Peter Frankopan. La audiencia inició a las 13:51 horas y concluyó a las 15:44 horas.
En este asunto, hasta antes de ser encarcelado, Lozoya tenía tres condiciones para cumplir con su proceso: el uso de brazalete electrónico, la prohibición de salir del País y la firma quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares.
Zúñiga argumentó que esta decisión garantiza que el tiempo en que el imputado permanezca en prisión preventiva, sea abonado y descontado en caso de que hipotéticamente le impongan una sentencia condenatoria.
En el proceso por el caso Agronitrogenados, a Lozoya se le imputa cobrar un soborno de 3.5 millones de dólares para que Pemex comprara a AHMSA la planta «chatarra» del complejo de Pajaritos, Veracruz.
Estos pagos se los hizo AHMSA en 2012 antes de que Lozoya fuera nombrado en el cargo como director de la petrolera, como honorarios por dos contratos de consultoría inmobiliaria, uno relacionado con el Tren Interurbano México-Toluca y otro por un proyecto ferroviario en Coahuila, pagados por la empresa de Ancira.
El pasado 3 de noviembre, el Juez Zúñiga dictó la prisión preventiva justificada al ex director de Pemex, dentro del proceso que tiene iniciado por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho por el Caso Odebrecht.
El juzgador estimó que en ese asunto existe un alto riesgo que pueda darse a la fuga por la alta penalidad de los delitos que le imputan, así como por contar con las redes familiares y los recursos económicos suficientes para hacerlo.
