Emilio Lozoya comparecerá este miércoles de nueva cuenta ante un juez, a una audiencia en la que, si bien acudirá ya en calidad de reo, también se resolverá si le imponen la prisión preventiva justificada en el Caso Agronitrogenados.
La diligencia será presidida por Artemio Zúñiga Mendoza, el mismo juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte que apenas el pasado 3 de noviembre le dictó la prisión preventiva justificada en el Caso Odebrecht.
El juez citó a esta audiencia considerando que la modificación de la medida cautelar de la semana pasada, que dejó en la cárcel a al ex director de Pemex, impacta en el cumplimiento de las condiciones en las que llevaba el proceso por la compra que hizo Pemex de la planta «chatarra» de Agronitrogenados.
El citatorio señala que la diligencia tendrá verificativo a las 13:15 horas, hecho que corroboraron autoridades consultadas.
En esta causa penal con número 261/2019, las medidas cautelares dictadas a Lozoya desde el 28 de julio de 2019 eran la prohibición de salir del País, la entrega de visa y pasaporte, la colocación de un brazalete electrónico y su presentación cada 15 días a firmar en la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares.
En el proceso por el Caso Agronitrogenados, a Lozoya se le imputa cobrar un soborno de 3.5 millones de dólares para que Pemex comprara a AHMSA la planta «chatarra» del complejo de Pajaritos, Veracruz.
Estos pagos se los hizo AHMSA en 2012 antes de que Lozoya fuera nombrado en el cargo como director de la petrolera, como honorarios por dos contratos de consultoría inmobiliaria, uno relacionado con el Tren Interurbano México-Toluca y otro por un proyecto ferroviario en Coahuila, pagados por la empresa de Ancira.
El pasado 3 de noviembre, el Juez Zúñiga dictó la prisión preventiva justificada al ex director de Pemex, dentro del proceso que tiene iniciado por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho por el Caso Odebrecht.
El juzgador estimó que en ese asunto existe un alto riesgo que pueda darse a la fuga por la alta penalidad de los delitos que le imputan, así como por contar con las redes familiares y los recursos económicos suficientes para hacerlo.
